Jueces para la Democracia ha anunciado que desiste en su demanda de conflicto colectivo presentada ante la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque ha advertido que permanecerá vigilante para certificar que efectivamente se cumplen las medidas anunciadas para paliar la sobrecarga laboral de los jueces.
La demanda presentada estaba motivada por la sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales, con cerca de la mitad de los jueces trabajando a más del 150% de lo que establecen las previsiones institucionales, y la inexistencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Tras la presentación de la misma, tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial realizaron los trámites correspondientes para aprobar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la judicatura, aprobado en los últimos días y en el que se contempla la carga de trabajo como riesgo para la salud laboral. Asimismo, el CGPJ se ha comprometido a iniciar un proceso de medición de cargas de trabajo judicial a efecto de riesgos profesionales.
En un comunicado, Jueces para la Democracia ha señalado que con estas medidas ve atendidas sus peticiones y por tanto ha anunciado que desiste en su demanda «por carencia sobrevenida de objeto» aunque se reserva «las acciones sobre el cumplimiento de las previsiones de este Plan de Prevención de Riesgos Laborales en su desarrollo material».
En este sentido, ha advertido que permanecerán «vigilantes» para que se cumpla «una medición de la carga de trabajo adecuada a los efectos de salud». «En el caso de falta de cumplimiento o de cumplimiento irregular», ha alertado, «ejerceremos nuevas acciones para que las instituciones afectadas aporten soluciones a la sobrecarga de trabajo y a la saturación de nuestros órganos judiciales».
Finalmente, la asociación valora «muy positivamente» que la presentación de la demanda haya obligado al Ministerio y al CGPJ a adoptar estas medidas y ha subrayado «la viabilidad de ejercer acciones judiciales en defensa del servicio público de la Justicia y de los derechos profesionales de la judicatura». «Seguiremos actuando en esta misma línea siempre que sea necesario», ha alertado.