La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) se ha reunido este martes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para exigir mejoras laborales, como una Ley que regule el régimen retributivo de su colectivo, y exigir que el Registro Civil siga siendo público y gratuito ante el «temor» de que los registradores vean compensada la asunción de este servicio a través de una subida generalizada en sus aranceles.
El secretario de organización de la asociación, Carlos Sánchez, ha explicado que durante el encuentro han trasladado a los representantes del Ministerio de Justicia su voluntad de unirse a la manifestación que sindicatos, asociaciones judiciales o de secretarios judiciales, celebrarán el próximo sábado por la gratuidad del Registro Civil.
Según ha indicado, el Gobierno considera que se trata de una concentración de carácter «político», algo que ha sido negado por la UPSJ al destacar la naturaleza «profesional» del acto y su objetivo de garantizar el servicio público para el ciudadano sin que, de ninguna forma, la entrega del Registro Civil a los registradores repercuta en su bolsillo.
Los secretarios judiciales han vuelto a reclamar su derecho a la negociación colectiva, pero el Ministerio de Justicia ha calificado de «difícil» esta idea y ha sugerido que propongan vías alternativas. El Gobierno destaca que en la Mesa sectorial participan los sindicatos que representan a todos los funcionarios públicos y los secretarios se quejan de que no tienen representantes propios en la misma y sus ideas son «oídas» sin la obligación de ser «negociables».
Adecuación salarial con jueces y fiscales
La UPSJ ha reclamado que se adecúe el régimen retributivo de los secretarios judiciales al de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y ha pedido introducir una disposición adicional en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuya reforma se tramita en el Congreso, obligando a elaborar una Ley propia a este respecto.
«No queremos una mejora salarial mañana. Esa Ley no se haría efectiva hasta 2017, cuando según el Gobierno la economía estará mucho mejor. Queremos el mismo trato que jueces y fiscales», ha explicado Sánchez.
En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que también se tramita en el Congreso de los Diputados, la asociación ha considerado una «vía peligrosa» otorgar a los procuradores la capacidad de realizar actos de citación y que si la persona se niega a recibir este requerimiento puedan firmar que tienen la notificación a su disposición en el juzgado.
«Son profesionales privados contratados por la otra parte. Ahora lo hace un funcionario público, sometido al régimen disciplinario de las Administraciones», ha explicado Sánchez, para proponer que en ese caso el procurador esté acompañado por un testigo y el secretario judicial tenga la potestad de revisar su actuación o encomendarla a personal del juzgado en caso de que no reúna todas las garantías.