El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su «máximo respeto» a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la que ha amparado al supuesto miembro de EKIN Jon Patxi Arratibel Garciandia, que denunció ante esta instancia que fue torturado tras su detención en 2011, y que ha determinado que la Justicia española no investigó de forma suficiente los malos tratos sufridos. Asimismo, Catalá ha indicado que estas sentencias «también nos ayudan a perfeccionar y mejorar nuestro sistema de garantías».
En declaraciones realizadas en Bilbao, el ministro ha mostrado su «máximo respeto» al poder judicial español y ha recordado que el caso de Arratibel fue conocido por los tribunales en España, fue analizado, evaluado y «no se consideró en su momento que hubiese habido ninguna vulneración de derechos fundamentales».
Según ha indicado, el Gobierno está trabajando para seguir incorporando en el derecho español más elementos de garantías. «En la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que estamos llevando a cabo, incorporamos la trasposición de directivas de asistencia letrada, el derecho a la entrevista reservada por parte del detenido con su letrado, trabajamos permanentemente por la mejora de nuestro estado de derecho, por el fortalecimiento de las garantías y esta sentencias también nos ayudan a perfeccionar y mejorar nuestro sistema de garantías», ha explicado.
En todo caso, ha asegurado que España «es un estado de derecho en el que el poder judicial es independiente y donde la aplicación de las normas garantizan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y también lógicamente de las personas que han cometido algún tipo de delito y que están sometidas a algún tipo de restricción de sus libertades en el ejercicio de la aplicación de las normas aprobadas por el Parlamento».