La Comisión Europea ha aprobado formalmente este jueves su propuesta de imponer a España una multa de 18,93 millones de euros por la manipulación, por «negligencia grave», de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. Las irregularidades, que se prolongaron durante más de 20 años, sólo se corrigieron en 2012. La multa todavía tiene que ser aprobada ahora por los ministros de Economía de la UE.
Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario sanciona a un Estado miembro por falsear sus estadísticas basándose en las nuevas normas de la UE que se aprobaron en 2011 a raíz del caso de Grecia. Por ello, aunque la manipulación del déficit en la Comunidad Valenciana se produjo entre 1988 y 2011, por el carácter no retroactivo de la legislación la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012. En ese periodo, el gasto sanitario no registrado (las denominadas 'facturas en los cajones') ascendió a casi 2.000 millones de euros.
Bruselas ha tenido además en cuenta una serie de «factores atenuantes» que le han llevado a reducir el importe de la multa, cuyo valor de referencia inicial era de 94,65 millones de euros. En particular, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la tergiversación de las cifras «no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta». En concreto, su informe apunta como único responsable a la Intervención General de la Comunidad Valenciana y le acusa de haber ignorado los informes del tribunal de cuentas valenciano y los avisos de la Conselleria de Sanitat.
Además, la Comisión valora positivamente que las autoridades españolas «han cooperado plenamente en la investigación» y que «se ha puesto fin» a las irregularidades. La multa tiene así un carácter meramente simbólico y queda muy lejos del máximo previsto en la legislación de la UE, que en el caso de España sería 2.000 millones de euros (el 0,2% del PIB).
«Nuestra investigación ha concluido que la comunidad autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios», ha dicho la comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, durante una rueda de prensa para presentar el resultado de sus pesquisas.
«Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos», ha agregado.
Las irregularidades se agravaron desde 1993
«Se produjeron irregularidades graves en la contabilización, registro e información sobre el gasto de la comunidad autónoma de Valencia durante un periodo de tiempo significativo. El principio de devengo no se respetó, se utilizaron cuentas extrapresupuestarias indebidamente, el gasto se dejaba a veces sin registrar durante años y la información estadística comunicada por las autoridades regionales de Valencia a las autoridades nacionales era engañosa», afirma el informe de conclusiones de Bruselas de la investigación sobre la manipulación del déficit, que se inició en julio de 2014.
«La falta de registro de algunos gastos empezó en 1988. Ello afectaba, a principio, a cantidades muy pequeñas, y el gasto no registrado en un año concreto se trasladaba al año siguiente. A partir de 1993, las cantidades totales de gasto no registrado aumentaron y no todo el gasto no registrado en un año se registraba al siguiente», apunta el texto.
«La Intervención General de la Comunidad Valenciana parece haber sido el principal responsable del hecho de que no se respetara el principio de devengo y de que no se registraran considerables cantidades de gasto sanitario», concluye el estudio basándose en las pruebas suministradas por diferentes organismos, entre ellos la propia Intervención, la Conselleria de Sanitat, la Intervención General de la Administración del Estado y la Sindicatura de Comptes valenciana.
El gobierno español intentó parar la investigación
El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.
Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada en julio de 2014.
El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que «no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda».
También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado «una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España». Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.