La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha propuesto que se empleen «las técnicas propias del agente encubierto» para dotar de mayor eficacia a la acción de la justicia contra la corrupción política y económica.
Según reflejan las conclusiones de las XXX Jornadas de esta asociación, el nivel de gravedad y extensión que han alcanzado este tipo de delitos «requieren la asimilación completa de los procedimientos de investigación de la corrupción política y económica con los del crimen organizado».
Además de considerar de «particular importancia» el uso de los sistemas que utilizan los policías secretos, la UPF ofrece otras propuestas como regular el estatuto del arrepentido y del testigo protegido y la forma de acordar las intervenciones de comunicaciones para disipar cualquier duda sobre la legalidad de las medidas investigadoras adoptadas en la instrucción.
Los fiscales progresistas se refieren, en concreto, a la financiación ilegal de las formaciones políticas y proponen que las fundaciones y asociaciones vinculadas sean plenamente equiparadas a los partidos. Piden también que la condonación de créditos y la dación de inmuebles deben ser asimiladas a las donaciones en este contexto.
Nuevas figuras delicitivas
En cuanto al ámbito patrimonial de la lucha contra la corrupción, los fiscales progresistas piden que se aplique el decomiso penal ampliado de bienes y activos y se introduzca el comiso civil como herramienta extra-penal «para cercenar la rentabilidad económica de la corrupción y atajar la utilización de testaferros».
También sugieren la introducción de dos nuevas figuras delictivas: el enriquecimiento ilícito y el testaferro lucrativo. «Exigimos a los poderes públicos el refuerzo de las garantías técnicas e institucionales y medios materiales a disposición de todos los intervinientes en las investigaciones criminales», reclaman.