El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que se plantea solicitar «algún tipo de aclaración» al Tribunal Supremo sobre la condena de inhabilitación impuesta al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por el intento de reconstruir la formación a través de Bateragune, ante la doctrina constitucional que apunta a que si ésta no ha sido concretada en sentencia, no puede aplicarse.
En una rueda de prensa ofrecida junto a la comisaria de Justicia europea, Véra Jourová , Catalá ha indicado que el Tribunal Constitucional lleva un tiempo introduciendo la doctrina de que las penas deben ser «concretas, definidas y establecidas expresamente en relación con la limitación de derechos que pueda establecerse por el tribunal sentenciador».
El ministro ha precisado que puede haber «múltiples casos», además del de Otegi, en que esas condenas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público o sufragio pasivo no estén aclaradas por el tribunal sentenciador.
«Eso requiere o bien algún tipo de aclaración, si eso fuera todavía posible, procesalmente, y si no la aplicación de la doctrina constitucional de que las penas genéricas no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico», ha concretado.
Otegi, que cumple una condena de seis años y seis meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial, quedará en libertad el próximo mes de abril. Por tanto, estaría fuera de prisión para las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, previstas para 2016.
«Un debate académico»
El ministro también se ha referido al Código Penal y ha asegurado que la dualidad que comparten varios delitos «menos graves» o «leves» en la redacción del texto, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, no supondrá, en ningún caso, una reducción que la pena que llevan aparejada.
«Se trata de un debate académico sin ninguna consecuencia práctica», ha precisado Catalá que ha indicado que Justicia descarta, por el momento, introducir correcciones en la tramitación parlamentaria de otras leyes como la de Enjuiciamiento Criminal.
En cuando a la petición de extradición a Venezuela del miembro de la banda terrorista ETA José Ignacio de Juana Chaos, el ministro ha concretado que el Ministerio aún no ha recibido la solicitud formulada por la Audiencia Nacional y ha precisado que, una vez esté en sus manos, le dará traslado. «Esperamos la mayor colaboración del Gobierno venezolano», ha dicho.
Otro de los temas abordado por el ministro ha sido el del descuento de penas cumplidas por españoles en países miembros de la Unión Europea. Catalá ha concretado que la interpretación española de la directiva al respecto cumple con el espíritu de la misma. Por su parte, la comisaria Jourová ha precisado que la UE supervisa su aplicación.