El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha afirmado este lunes que está «razonablemente convencido» de encontrar para este año «una solución satisfactoria» para las ONG tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de ámbito estatal del Tercer Sector (ONG y otras entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan actividades de interés general) colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Durante su intervención en la Asamblea anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Alonso ha asegurado que están «encontrando fórmulas» para asegurar la «supervivencia de muchas entidades» y ha señalado que «no se puede dejar colgadas a 180 confederaciones».
Alonso, quien ha reiterado que no comparte la decisión judicial, ha defendido un modelo que construya un mensaje de «vertebración y articulación de la solidaridad de las personas por encima de un territorio» y ha indicado que «la crisis ha puesto de manifiesto la importancia del Tercer Sector que ha sido golpeado muy duro». Además, ha asegurado que el CERMI «es un ejemplo que a muchos países les gustaría seguir».
En este sentido, el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha criticado la situación de «peligro» en la que se encuentran las fuentes de financiación del Tercer Sector ya que «los jueces están impidiendo que el Gobierno pueda seguir financiando el sotenimiento y el funcionamiento básico de las entidades estatales», algo que supone una «soga al cuello en el movimiento de la discapacidad que les puede condenar a la extinción».
«Tenemos que convencer al poder judicial que sus sentencias no son meramente teóricas y que su impacto puede ser irreversible sobre un modelo que lleva 30 años y que tanto bienestar ha traido a la sociedad española y a sus grupos más excluidos», ha declarado Cayo.
En uno de cada cuatro hogares hay una discapacidad
Además, el presidente del CERMI ha afirmado que «el Gobierno ha encarado el problema y no se ha puesto de lado», aún así ha pedido a Alonso «salvar la financiación de este año» y «una salida duradera que les dé consolidación y estabilidad para el tiempo».
Durante el acto, Cayo también ha recordado que «en uno de cada cuatro hogares hay una discapacidad» y que todavía «tener una discapacidad es un castigo». Por eso, ha manifestado la necesidad de «desbloquear» temas antes de que finalice la legislatura como la reforma de la ley de la propiedad horizontal «para que ninguna persona mayor o con discapacidad no viva su casa como en una cárcel y si como en un hogar de felicidad y bienestar».
En la misma línea, ha solicitado al Ministerio la renovación de la prestación ortoprotésica, el conjunto de producto que hace «que las personas con discapacidad tengan más autonomía». A su juicio, se trata de un «catálogo anticuado, obsoleto y que no está al orden del día de lo que ofrece la tecnología».