La Comisión Constitucional del Senado ha apoyado este jueves, sin cambios, el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, con las críticas generalizadas de los partidos nacionalistas que consideran que el Ejecutivo puede utilizar esta norma para invadir sus competencias.
La Comisión ha rechazado con los votos del PP y el PSOE los seis vetos y las 57 enmiendas planteadas y ha enviado al Pleno el texto para su votación definitiva en las próximas semanas.
Según el Ejecutivo, la ley prevé una respuesta «frente a los nuevos riesgos y amenazas», en concreto la yihadista, y una sistematización de los protocolos de seguridad de cara a esas amenazas y es «respetuosa con el ordenamiento jurídico», según ha defendido el senador del PP Joaquín Luis Ramírez.
Los partidos nacionalistas se han mostrado escépticos ante estos argumentos. Así, la senadora de ERC Ester Capella ha acusado a los 'populares' de «sacar a pasear», con esta norma, «el fantasma del artículo 155 de la Constitución». En su opinión, la ley pretende «explotar la idea de unión nacional empleando el discurso del miedo».
El senador del PNV, Jokin Bildarratz, ha acusado al PP de emplear la norma con «objetivos electoralistas» y ha insistido en que la ley invade su Estatuto de Autonomía. «Se está creando un nuevo estado de crisis no constitucionalizado», ha indicado
«Interés para la seguridad nacional»
Según el Ejecutivo, esta ley —pactada con el PSOE— servirá para cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio y que pasarán a denominarse «situaciones de interés para la seguridad nacional», aquellas que se producen cuando es necesario el uso de más medios y coordinación a los habituales.
Sin embargo, este es uno de los argumentos que más ha criticado la oposición ya que considera dicho concepto «ambiguo» e «impreciso» mediante el cual el Gobierno aprovechará para invadir competencias.
«Nos mantenemos en que es una invasión competencial», ha insistido, por su parte, la senadora de CiU María Teresa Rivero. Ha precisado que la norma carece de precisión en lo relativo a qué se considera una amenaza para la seguridad nacional lo que provoca a las comunidades autónomas «indefensión».
Los socialistas han defendido, por su parte, que para garantizar el bienestar de los ciudadanos se necesita una defensa integral de su seguridad frente a las nuevas amenazas. La representante de Podemos María Pilar Lima González —en su primera intervención en la cámara alta, en la que ha empleado el lenguaje de signos— ha precisado que la iniciativa levanta su «desconfianza».