El Tribunal Superior de Justicia de Canarias celebrará entre el 1 y el 5 de julio el juicio contra el magistrado Salvador Alba, para quien la Fiscalía pide 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos.
El Ministerio Público acusa a Alba, suspendido cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial desde que se abrió juicio contra él por estos hechos, de haber manipulado una instrucción penal para perjudicar a la juez y actual diputada de Podemos en el Congreso Victoria Rosell.
La Sala de lo Penal del TSJC que juzgará a Salvador Alba estará conformada por José Félix Mota, Julio Luis Wood y el magistrado que se designe para sustituir a Rafael Lis, que se jubila este domingo.
El TSJC deberá determinar si, como sostienen las acusaciones, Salvador Alba manipuló una declaración como imputado del empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a Victoria Rosell, dándole instrucciones sobre lo que debía manifestar a cambio de supuestos beneficios en el proceso por fraude a la Seguridad Social que ya tenía abierto en ese momento.
La Sala escuchará la grabación que Ramírez hizo de la reunión en la que Alba, supuestamente, le dio esas instrucciones, pero también podrá interrogar al empresario como testigo.
Igualmente, las partes podrán preguntar a la juez Victoria Rosell, a la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos (la encargada de la acusación en el caso de fraude fiscal contra Ramírez), al periodista Carlos Sosa (pareja de Rosell); al presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya (al que se escucha en un momento de la grabación presentada como prueba), y a los guardias civiles que recuperaron el audio original de esa conversación.
Los informes que Salvador Alba remitió en su momento al Tribunal Supremo sobre el desempeño de Victoria Rosell en la instrucción de un caso de fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez sirvieron para que se admitiera a trámite una querella presentada contra ella por el entonces ministro de Industria José Manuel Soria.
Esa querella acabó archivada meses más tarde, pero su admisión llevó a que Rosell renunciara a volver a presentarse en las generales de 2016 como candidata de Podemos por la provincia de Las Palmas, cuya lista había liderado en la anterior convocatoria electoral.
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