Así lo ha expuesto el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, durante la 7ª reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia celebrada este jueves, según ha informado este departamento en una nota de prensa.
En el encuentro, el número dos de Justicia ha exigido la mejora de la coordinación institucional para dar una respuesta penal más eficaz a los delitos de odio y la protección integral de las víctimas porque, en su opinión, el castigo de estas conductas responde a una “imperiosa necesidad de higiene penal democrática”.
Y ha abogado por trabajar en iniciativas en el plano normativo, «fundamentalmente de reforma del Código Penal».
Dentro de este tipo de delitos, al departamento dirigido por Dolores Delgado le preocupan «especialmente» los cometidos «online», con lo que Dolz ha explicado que «se está trabajando en un acuerdo marco» entre instituciones públicas, sociedad civil y proveedores de servicios de Internet para concretar medidas para detener estos comportamientos.
La Comisión, que lleva tres años y medio en funcionamiento, tiene representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Justicia; Interior; Educación y Formación Profesional; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Cultura y Deporte, así como el Centro de Estudios Jurídicos.
También tiene como observadores la sociedad civil, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, representantes del Consejo del Pueblo Gitano y de la Plataforma del Tercer Sector.
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