La presidenta de la Asociación de Fiscales (AP), Cristina Dexeus, reclama al Gobierno un plus de «desertización y fidelización» para jueces y fiscales que ejercen en Cataluña, para hacer frente al «déficit endémico» y la rotación de esos profesionales, agravada en los últimos años por el «procés».
En una entrevista con Efe, Dexeus reconoce la «inquietud» que el proceso independentista catalán ha suscitado entre los fiscales que trabajan en esta comunidad, muchos de los cuales han expresado su intención de pedir un cambio de destino, aunque sus posibilidades de hacerlo son mucho menores que las de los jueces, debido al escaso número de concursos de traslado que se convocan.
El auge del independentismo en los últimos años en Cataluña ha venido a agravar el «déficit» histórico de fiscales que sufre esta comunidad, debido a la falta de tradición opositora en la sociedad catalana, que provoca que la mayoría de plazas las cubran profesionales procedentes de otras zonas de España -especialmente aragoneses y valencianos- que cuando tienen oportunidad regresan a su lugar de origen, según Dexeus.
La presidenta de la AP cree que el déficit de fiscales «se cronifica y se acentúa» desde los últimos años, por lo que la asociación está reclamando al Gobierno un «complemento de desertización y fidelizacion» para favorecer que los miembros del ministerio público tengan interés en ejercer en Cataluña y afincarse en esta comunidad.
Ese plus que reclama la AP, detalla Cristina Dexeus, sería equivalente al que cobran los fiscales destinados al País Vasco -complemento que han mantenido tras el final de ETA-, a Ceuta, Melilla o Canarias, por «circunstancias determinadas, como la lejanía o una cierta ubicación».
Otra de las reivindicaciones de Dexeus -que rechaza el apelativo de conservadora a la Asociación de Fiscales, «impuesto por otros», y defiende que se trata de una entidad «plural»- es acabar con la ley que limita los plazos para la instrucción de las causas judiciales y que deja su control en manos del ministerio público.
Aparte de la brevedad de esos plazos -seis meses prorrogables- Cristina Dexeus considera «el colmo del despropósito el sistema actual, en el que el control de los mismos depende del fiscal cuando éste no tiene el dominio de la instrucción».
Según la presidenta de la AP, la limitación de la duración de las investigaciones tiene sentido como complemento al proyecto que desde hace años esboza el Ministerio de Justicia, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, para conferir a la Fiscalía la dirección de la instrucción de las causas judiciales.
Sin embargo, advierte Dexeus, ese plan en el que se ha trabajado durante años ha acabado siempre aparcado por la resistencia de los jueces a dejar la instrucción de las causas pero también por los «recelos» que la Fiscalía provoca en los propios políticos: «nos quieren y nos odian al mismo tiempo, a partes iguales».
«Si supieran que pueden meter mano en la Fiscalía General del Estado y que fuéramos dependientes del ejecutivo, seguro que ya nos habrían entregado la instrucción», apunta la presidenta de la AP, mayoritaria en el sector y que agrupa a más de 500 profesionales.
De hecho, uno de los principales objetivos de la Asociación de Fiscales es «cortar el cordón umbilical» con el Ministerio de Justicia, para lo que cree que es imprescindible lograr «autonomía presupuestaria y de gestión», así como modificar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, de forma que sus años de mandato no coincidan con los del Gobierno de turno
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