En su congreso celebrado en Zaragoza la asociación Unión Progresista de Fiscales -UPF- en sus conclusiones se solicitaron numerosos cambios en nuestra legislación que adquieren más actualidad en este momento dado la urgente necesidad de las mismas en el momento actual, así en sus conclusiones se establece :
*La Unión Progresista de Fiscales entiende absolutamente indispensable la realización de una reforma que modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para ello insta a la Fiscalía General del Estado que, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación de una comisión interna donde se debata, y proponga, la elaboración de dicho texto y en cuyo interior estén representados todos los estamentos del Ministerio Fiscal ya sea desde un punto asociativo (AF, UPF, APIF, Fiscales no asociados) como desde un punto de vista escalafonal (con fiscales pertenecientes a todas las categorías).
*Las deficiencias de carácter formal del expediente y su reflejo procesal, la falta de regulación concreta y uniforme para todos los órganos judiciales en cuanto a la formación del expediente, la ausencia de formadores/informáticos de manera permanente en las sedes de las distintas Fiscalías, suponen solo algunos de los principales problemas a los que se enfrenta cada Fiscal en su quehacer diario. El desasosiego y la insatisfacción generado por el expediente digital, suponen el común denominador en las Fiscalías. Su caótico diseño, y la nefasta implantación y desarrollo, hacen necesarias soluciones urgentes. Solicitan, consecuentemente, la ejecución del acuerdo alcanzado por el consejo fiscal del 25 de octubre del 2017 y, por lo tanto, su inmediata paralización.
La Fiscalía General del Estado, en informe de fecha 13 de febrero de 2019, señala la necesidad de la sustitución del actual VISOR HORUS por un auténtico expediente judicial electrónico, remarcando igualmente otras modificaciones que se consideran de absoluta y urgente trascendencia, al afectar alguna de ellas, a la salud del trabajador que claramente se ha visto mermada.
*Una vez más, la UPF exige de nuevo la derogación del plazo máximo de investigación en nuestro proceso penal. A día de hoy, puede afirmarse que el art. 324 Lecrim. no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más bien ha agravado la tramitación de las causas penales, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho. La aplicación de este artículo en asuntos relacionados con la corrupción (Casos Acal, Pasarelas, caso Nazarí y otros) permiten considerar su derogación como una auténtica medida anticorrupción. Además, el mantenimiento del plazo máximo de investigación sometido al control de los fiscales, sin que tengamos atribuida directamente la instrucción de los delitos y con los actuales medios, pone en serio peligro un sistema penal que debe garantizar la protección de los ciudadanos y ciudadanas a través de un proceso justo, y cuestiona gravemente la principal función del Ministerio Fiscal: ejercer la acción penal de forma imparcial.
* Desde la Upf queremos advertir del peligro que la normalización del discurso del odio supone para los valores democráticos.
Este discurso se propaga velozmente en las redes sociales y en los medios de comunicación, llegando a alcanzar las Instituciones y constituye un ataque intolerable a los derechos de grupos especialmente vulnerables como los inmigrantes o a cualquier movimiento que proclame la igualdad real, como el feminismo, convertidos en diana de sus dardos envenenados. Además, el mismo es incompatible con la paz social y con la protección de las minorías que debe proporcionar la Democracia
El discurso del odio puede convertirse en la génesis de una violencia no espontánea y que sería perseguible a través de los delitos de odio tipificados en nuestro C.P., cuando se incite no solo a la violencia, sino también al odio, a la discriminación, a la hostilidad contra las personas protegidas en el Código Penal.
* La Unión Progresista de Fiscales entiende que el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal debe ser reformado para adaptarlo a las necesidades y tiempos actuales en un mundo globalizado y digitalizado.
Para terminar exigiendo ;
En particular, exigimos:
- La inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuente de impunidad.
- Un sistema de justicia Digital eficiente y que lejos de ser una fuente de desesperación, sea una útil herramienta de trabajo.
- El incremento de la Plantilla de la Carrera Fiscal.
- La adecuada retribución de las Guardias
- La reforma del sistema de retribución variable
- La modificación del complemento de Grupo de Población
- La recuperación del poder adquisitivo.
Es nuestra voluntad continuar negociando con el Ministerio de Justicia, de forma conjunta con el resto de asociaciones de fiscales y jueces, y en su caso, retomar las medidas de conflicto que quedaron en suspenso con la convocatoria electoral.
Estrella Digital