«Lo normal es que la Justicia no innove, pero cuando se ponen derechos en riesgo su obligación es hacerlo», ha sostenido la también magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Canarias.
Según Vallejo, generalmente «la Justicia siempre es la última en subirse a la ola de los cambios y desarrollos», aunque, a veces, cuando las libertades se ven «amenazadas» es «necesario que se haga una interpretación final innovadora que las proteja».
Un ejemplo de ello es la sentencia de La Manada del Tribunal Supremo, que «puso las cosas es su sitio» tras la «quiebra» que representaron los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de la Audiencia Provincial, para quienes no hubo violencia ni intimidación en la violación múltiple.
«Fue un retroceso, un paso atrás. Hubo una ruptura muy peligrosa porque muchas personas dejaron de confiar en el sistema de Justicia y muchas mujeres sintieron que no las protegía», ha alertado antes de celebrar que el Supremo «restaurase el equilibrio necesario».
En este sentido, ha apoyado la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar el delito de abuso sexual del Código Penal y dejar como únicas figuras la agresión sexual y la violación.
«Aunque tiene una significación más simbólica que práctica, esta reforma es muy importante por todo lo que significa que, como persona, te digan que no has sido violada cuando tú te sientes así», ha opinado tras subrayar que esta modificación es «lógica y coherente».
Otro de los cambios por los que Vallejo aboga es la tipificación de la «sextorsión», es decir, «cuando alguien solicita sexualmente a otra persona valiéndose del chantaje o de una situación de superioridad».
Según la magistrada, estas conductas delictivas «tienen una regulación defectuosa» porque el Código Penal sólo recoge «conductas concretas y no de modo general», lo que impide que determinados delitos sean sancionados.
«Es lo que ocurrió en un CIE de Málaga, en el que internas denunciaron abusos sexuales y quedó claro que los policías encargados se saltaban todas las normas por la noche haciendo fiestas y consumiendo droga, pero quedaron sin castigo porque era un centro de internamiento y no uno penitenciario», ha detallado sobre una sentencia se la Audiencia Provincial de 2015.
Para Vallejo estos casos muestran, así como tantos otros, que todavía hay machismo en la Justicia española porque -asegura- «también lo hay en la sociedad».
«El sistema judicial sufre los mismos problemas que la sociedad y los prejuicios y estereotipos machistas que todos tenemos también llegan a la interpretación de las normas», ha afirmado Vallejo antes de ilustrar que, en la Judicatura, la mujer continúa «infrarrepresentada» pese a ser amplia mayoría en las facultades.
«Esto se ve sobre todo en los delitos contra la libertad sexual y en la presión que sufren las mujeres, el analizar hasta la extenuación lo que dicen las víctimas y sobre las que se presupone que deben comportarse de una determinada manera», ha lamentado.
A raíz de estas discriminaciones, Carla Vallejo, que también ha sido secretaria de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, decidió cuatro años atrás fundar con otras compañeras la Asociación de Mujeres Juezas, con la que hoy luchan para que la Justicia adopte un rol feminista.
Una entidad que nació buscando romper el techo de cristal pero que rápidamente se quedó «corta» y apostó por «promover la Justicia e igualdad con actividades y programas formativos» y que, pese a «ciertas resistencias iniciales» dentro de la profesión, contó con una «cálida acogida» entre la ciudadanía.
Por ese motivo, Vallejo se siente «positiva» ante los retos venideros y garantiza que «la mayor parte de las instituciones y partidos políticos ya han recogido el guante» que la sociedad ha lanzado exigiendo la igualdad real de derechos.
«Hay que seguir adelante porque ahora no podemos parar y quedarnos a mitad del camino», ha concluido, tras apostillar que «lo esencial es dar una nueva lectura a todas las leyes fundamentales con perspectiva género».
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