La dificultad de pactar apoyos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno hace augurar una negociación casi imposible para renovar este organismo, que exige unas mayorías parlamentarias aún más reforzadas.
Los jueces observan este panorama con «desazón», asegura Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una de las más críticas con la labor en funciones del CGPJ.
En la pasada legislatura, el PP y el PSOE contaban juntos con escaños suficientes para superar la mayoría de tres quintos que requiere la renovación del Consejo y llegaron a alcanzar un acuerdo que situaba al magistrado del Supremo Manuel Marchena al frente de ese organismo.
Pero el pacto se frustró después de que Marchena renunciara tras filtrarse un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía ante sus compañeros el pacto con el PSOE porque permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo «desde detrás».
Entre acusaciones mutuas de intentos de manipulación y politización del CGPJ, el PP se sumó entonces a las tesis de Ciudadanos para que la mayoría de sus vocales fueran elegidos por los propios jueces, pero su propuesta fracasó en el Congreso.
El nuevo arco parlamentario complica aún más lograr una mayoría de tres quintos y desde el mundo judicial se ve cegada cualquier posible vía de acuerdo para renovar este órgano constitucional, responsable de nombrar a los altos cargos judiciales, garantizar la independencia de los profesionales y aplicar su régimen disciplinario
A pesar de estas atribuciones clave, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que reflejó el descontento de los ciudadanos con el funcionamiento de la administración de justicia, reveló que casi la mitad de los españoles (el 47,7 %) desconoce la existencia del CGPJ.
En funciones ha seguido ejerciendo sus competencias, convocando plazas y designando nuevos altos cargos -presidentes de tribunales superiores de justicia o de Audiencias Provinciales y magistrados del Supremo, entre otros-, pero las asociaciones profesionales han cuestionado sus formas y modos.
La Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia han recurrido ante el Tribunal Supremo 22 convocatorias y nombramientos al cuestionar su imparcialidad.
No quieren paralizar el CGPJ, pero sí que actúe de acuerdo a la ley y, subraya Raimundo Prado, que no aproveche su periodo en funciones, «que va a perpetuarse», para nombrar a la mayoría de los cargos judiciales «burlando» la ley orgánica del Poder Judicial, que exige respetar unos baremos detallados y objetivos de méritos.
Llegar a un acuerdo político para la renovación del CGPJ nunca ha sido una tarea fácil y no es la primera vez que trabaja en funciones. El periodo más largo duró cerca de dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008), ante la incapacidad de populares y socialistas de alcanzar un consenso que pusiera fin a un bloqueo sin precedentes.
Fue una etapa convulsa entre los poderes ejecutivo y judicial. José Luis Rodríguez Zapatero había llegado al Gobierno en 2004 y vio como un CGPJ de mayoría conservadora se pronunciaba en contra de algunos de los grandes proyectos de aquella legislatura, como el Estatuto catalán o la ley del matrimonio homosexual.
La actual distribución de escaños y la reivindicación del PP y de Ciudadanos de modificar el sistema de elección de los vocales presagian de nuevo un largo bloqueo.
El pasado 10 de julio el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, escribió a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente, para recordarles que es «legalmente obligado» proceder a la renovación.
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