La Fiscal General del Estado ha destacado, en el discurso de apertura del año judicial, que la lucha contra el terrorismo se enfrenta hoy a nuevos retos que se concretan en el fanatismo religioso y particularmente el yihadismo y también la criminalidad informática. Según el informe, el número de actividades ilícitas que se investigaron en la red ascendió a 9.069 procedimientos incoados, un número notablemente mayor que el recogido en 2017, cuando se registraron 6.676 expedientes. Sin embargo se cree que el número de casos es mucho mayor que el reflejado por estos datos, ya que los datos que recoge la Fiscalía no tienen en cuenta todas las investigaciones llevadas a cabo por la policía, sino sólo aquellas donde se identifica a un autor en concreto y el expediente es después trasladado a dependencias judiciales, dando lugar a un proceso judicial.
En cuanto a los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico que son los más frecuentes, el informe confirma la gravedad del problema de la ciberdelincuencia ya que se constata el desplazamiento de actividades criminales de estafa hacia la red, pues se han abierto un total de 5.581 investigaciones judiciales lo que representa mas del doble que el año anterior. Destaca particularmente el aumento del uso de troyanos o los comunes correos phishing, pero también la aparición de nuevas formas de estafa con la utilización ilícita de datos bancarios, ofertas falsas de inversiones de todo tipo, fraudes en alquiler de viviendas falsas, compraventas de coches ficticios, robo de identidades en correos corporativos entre otros.
A los delitos de ciberestafas le siguen los delitos de amenazas y coacciones a través de aparatos tecnológicos, junto con los delitos de pornografía infantil y de discapacitados, los delitos de odio, además de los que suponen trata de seres humanos o violencia de género y los ilícitos relacionados con la propiedad intelectual.
En relación a la corrupción, problema social que preocupa cada vez más a la ciudadanía, destacó que sería necesaria la reforma en profundidad de la legislación sobre protección a denunciantes, testigos y peritos en causa criminal para especificar medidas adecuadas, así como reformas procesales para exigir responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas para facilitar la persecución de los ilícitos relacionados con el gasto público incontrolad y la importancia de la concienciación para implementar medidas de seguridad y evitar ataques.
María C. Rayón Ballesteros