a fiscal general del Estado, María José Segarra, ha señalado que se debe seguir avanzando permanentemente en materia de accesibilidad y acceso a la información, así como en los mecanismos de lectura fácil de informes, resoluciones y sentencias judiciales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
“Este es un reto para el Ministerio Fiscal, que debe procurar que sus informes puedan estar redactados en fondo y forma de manera que el acceso y la comprensión sea fácil, cómoda y clara”, afirma Segarra en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’.
Según explica la actual responsable de la Fiscalía General del Estado, se han realizado “grandes avances”, entre los que destacamos el reconocimiento del derecho a la legitimación procesal y el derecho de defensa de la persona con discapacidad en los procesos de capacidad que le conciernen.
También resalta los avances que se han venido realizando en la formación permanente de fiscales en materia de discapacidad. “La valoración que se traslada diariamente a las fiscalías y a los fiscales es la de reconocimiento por la disponibilidad existente. Esta disponibilidad tiene mucho que ver por la vocación auténtica que tienen quienes se integran en las secciones de lo Civil y se dedican a la discapacidad como especialidad. En algunos casos tiene que ver con una previa aproximación a la materia por razones personales, familiares; en otros, se produce por la formación que reciben que, de alguna manera, hace que el interés inicial se convierta en una auténtica vocación de servicio y dedicación”, agrega Segarra.
Además, señala la labor que se realiza permanentemente para que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cale cada vez más en la acción del Ministerio Fiscal. En esta línea, el pasado mes de junio, el CERMI presentó una guía de fácil uso de la Convención de la Discapacidad por parte de todos los operadores jurídicos.
“Desde la Fiscalía contamos con instrumentos específicos que contribuyen a conseguir que no haya dispersión en la actuación de los miembros de la Carrera. Es lo que llamamos ‘unificación de criterios’. A través de las circulares, instrucciones y consultas, desde la Fiscalía General facilitamos los argumentos técnicos que posibilitan la utilización de las leyes, y también de los tratados, como es la Convención”, abunda María José Segarra.
Por otro lado, hace alusión al aumento de delitos de odio contra personas con discapacidad que se produjo el pasado año, una realidad a la que la Fiscalía “no ha permanecido ajena”. Así, expone que la institución cuenta con una red de fiscales especialistas en delitos de odio que se encuentran en cada fiscalía provincial, que “tienen las puertas abiertas para atender a todos, especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, a fin de realizar las oportunas consultas en cada caso concreto”.
Igualmente, pone en valor la decisión de que se haya aprobado la creación de una fiscalía especializada en personas con discapacidad y mayores, aunque no se puede hacer efectivo un nombramiento de este tipo hasta que el Ejecutivo esté en plenitud de funciones.
Por último, Segarra ensalza la colaboración que existe entre la Fiscalía General del Estado y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), gracias a un convenio de colaboración que se firmó en 2006 y que se ha ido reforzando posteriormente para adaptarlo a la Convención Internacional de la Discapacidad. A través de esta vía, la FGE recibe de forma habitual consultas y denuncias, de cuya tramitación se hace cargo. Además, promueve iniciativas de investigación y estudios, que tengan por objeto profundizar y mejorar la protección jurídica, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
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