Los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al segundo trimestre de este año, revelan que el número de asuntos pendientes cayó un 2,25 % hasta 255.247, lo que supone el primer descenso desde que empezaron a funcionar, en junio de 2017.
Desde esa fecha, estos tribunales especializados han ingresado 431.920 asuntos.
Y hasta junio de este año, la cifra de asuntos pendientes había crecido al final de cada trimestre, desde los 12.540 en el segundo trimestre de 2017 a los 261.122 del primero de este año.
El descenso no ha repercutido de momento en una mayor agilización de los recursos, y este mes un juzgado cordobés ha fijado fecha para una vista en enero de 2023.
El colapso que denuncian, sobre todo, asociaciones de consumidores, preocupa también a los magistrados que, reunidos esta semana en la XX edición de las jornadas nacionales de juezas y jueces decanos de España, han denunciado la precariedad y la carga insoportable de asuntos que soportan estos juzgados.
Ya que se trata de una iniciativa con vocación de perdurar en el tiempo y no de una solución temporal, señalan los magistrados en sus conclusiones, es preciso que el Ministro de Justicia y el presidente del CGPJ «cumplan con su palabra» y asignen o designen un juez de refuerzo más por cada 800 nuevos asuntos, con los medios materiales y personales necesarios.
De lo contrario, añaden, los ciudadanos no podrán recibir una respuesta pronta y sin dilaciones indeseables, incluso si el número de asuntos no evoluciona al alza.
En este sentido, la asociación de usuarios de banca Asufín destaca el dictamen emitido el pasado 10 de septiembre por un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -no vinculante- sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH).
Sus conclusiones abren la puerta a que se anulen miles de hipotecas ligadas a este índice, al declarar que los jueces nacionales pueden controlar si fue abusivo, aunque el TJUE no se pronunciará sobre ello hasta principios de 2020.
Aunque el dictamen del abogado general no es vinculante, recuerda Asufin, el tribunal suele seguir sus recomendaciones, por lo que cabe esperar una mayor saturación de los juzgados especializados.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ve «imprescindible dotar de mayores medios» a los juzgados, ya que «la justicia que es lenta no es justicia», y apela a la responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas para que doten de medios a los tribunales.
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