Serán los grupos parlamentarios que se conformen tras las elecciones del domingo los encargados de elegir a los nuevos cuatro magistrados, una tarea complicada dada la previsible fragmentación de la Cámara y la necesidad de que los candidatos obtengan el respaldo de tres quintos del hemiciclo.
Fuentes jurídicas aseguran que la conclusión formal del mandato de cuatro de los doce miembros del tribunal no afectará al trabajo de este órgano.
Tienen pendientes una quincena de recursos de la causa del «procés» y deberán afrontar también los previsibles recursos de amparo que presentarán los condenados por el Supremo, además de los incidentes de ejecución de sentencia planteados por el Gobierno contra resoluciones de la Mesa del Parlament en las que se volvía a incidir en la autodeterminación.
Junto a González Rivas y Roca, concluyen su mandato Andrés Ollero y Fernando Valdés.
Con dos años de retraso por la falta de acuerdo parlamentario, los cuatro llegaron al Constitucional en 2012: González Rivas y Ollero a propuesta del PP y Valdés y Roca propuestos por el PSOE, la última colmando las aspiraciones de CiU entonces de contar con un representante catalán en el tribunal de garantías.
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, apuntan a Efe fuentes de este organismo, el presidente González Rivas comunicó formalmente hace ya cuatro meses a la Presidencia del Congreso que se acercaba el fin del mandato de los magistrados que corresponde elegir a esa Cámara y le solicitó que iniciara el procedimiento para cubrir esas plazas.
Pero seguirá a la espera. El mandato del Consejo General del Poder Judicial concluyó el pasado diciembre y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, se ha dirigido en varias ocasiones tanto al Congreso y al Senado para recordarles, sin éxito, la necesidad de su renovación.
El pacto del PP y PSOE para elegir a los nuevos vocales del CGPJ se truncó el año pasado después de que el candidato consensuado para presidirlo, el magistrado del Supremo Manuel Marchena, renunciara al puesto en defensa de su independencia.
Lo hizo después de que se filtrara un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía el acuerdo alcanzado con los socialistas porque, entre otras cuestiones, permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo «desde detrás».