La Comisión, organismo independiente formado por seis miembros de la carrera judicial y un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, responde así a la consulta de un magistrado que preguntó cómo actuar ante los periodistas que quieren ser recibidos para aclarar aspectos de un proceso en curso o de una resolución judicial.
Los jueces y magistrados, sostiene la comisión, gozan como ciudadanos del derecho a la libertad de expresión, pero sus declaraciones públicas “deben efectuarse en todo caso con prudencia y moderación”, ya que pueden influir negativamente en la apariencia de imparcialidad del juez y, en definitiva, en la imagen de la Justicia.
De los principios de ética judicial, explica en un comunicado, no se desprende que tengan obligación de conceder entrevistas o suministrar informaciones a los periodistas, pero sí se recomienda una «actitud positiva hacia la transparencia” y se señala que sus opiniones “pueden desempeñar una valiosa función pedagógica» para explicar la ley y los derechos fundamentales en un proceso.
«El límite a las informaciones y declaraciones públicas que pueden realizar los jueces y magistrados está en la protección de los derechos e intereses de las partes en el proceso así como en el buen desarrollo de las actuaciones judiciales», resume la Comisión.
La prudencia debe ser mayor, añade, si las declaraciones son sobre un caso que el juez tiene entre manos o que acaba de terminar en su juzgado o tribunal y aconseja que en esos momentos la relación con los medios se haga a través de las oficinas de comunicación y no directamente.
Otro juez preguntó por la conveniencia de participar en un documental de televisión sobre un caso que instruyó en su día y sobre el que recayó sentencia firme y la Comisión lo avala, pero pide cuidado para no revelar datos escabrosos y sensibles que puedan lesionar la integridad moral de los familiares de las víctimas y contribuir a «fines morboso que en nada benefician a la sociedad».