A nadie resulta desconocido el caso de Diana Quer, que trae causa en aquella fatídica noche del 22 de agosto de 2016, cuando la madrileña desapareció. Tras una intensa investigación, se pudo detener a José Enrique Abuín, comúnmente conocido como el Chicle, y se halló el cuerpo sin vida de la joven.
Tras varios días de juicio, el Jurado ha emitido un segundo veredicto, no habiendo sido válido el primero al considerarse que existían en el mismo errores de índole formal y contradicciones que hacían necesaria una fundamentación más exhaustiva. Los nueve miembros del Tribunal han declarado al Chicle culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.
Si bien las acusaciones han solicitado que se le condene como autor de un delito de violación, este no ha resultado probado según el Jurado, y es que los casi quinientos días que la joven pasó sumergida en el agua, hasta que se pudo hallar su cadáver, han impedido determinar «los actos de contenido sexual´´ llevados a cabo por Abuín, lo cual ha conducido a apreciar la existencia de un delito de agresión sexual y no de violación.
Ello no es óbice para que la Audiencia Provincial imponga al autor confeso de la muerte de Diana Quer la prisión permanente revisable, dado que tal como reza el artículo 140.2 del Código Penal, «el asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando […] el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual´´, pena que no deja de levantar ampollas en la sociedad española, desatando enérgicos debates entre sus firmes detractores y aquellos que entienden que es la única vía para que se haga justicia, entre los que se encuentra el padre de la joven, que considera que es la única forma de que el Chicle no vuelva «jamás a atentar contra la vida y la libertad sexual de una mujer´´, toda vez que afirma que «ninguna condena va a devolverle la vida a su hija´´.
A pesar de que todo hace presagiar que la pesadilla que comenzó en el verano de 2016 llega a su fin, no debemos olvidar que la sentencia que dicte la Audiencia Provincial será susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.