El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha manifestado, durante la reunión del Consejo de Justicia de la Unión Europea celebrado recientemente en Bruselas, el visto bueno de España a la reforma de dos reglamentos comunitarios que servirán para promover el uso de las tecnologías de la información en la notificación y traslado de documentos y obtención de pruebas entre los diferentes Estados miembros, lo que redundará en una mayor eficacia de los procesos judiciales y mayores garantías procesales.
Se trata de la reforma del Reglamento 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, y del Reglamento 1206/2001 sobre cooperación entre órganos jurisdiccionales para la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. En lo referente a las notificaciones, Dolz ha trasladado al Consejo la necesidad de asegurar una transmisión directa y rápida de documentos bajo unas condiciones que resulten válidas para todos los Estados miembros.
En cuanto a la incorporación de la videoconferencia y otros medios electrónicos en la obtención de pruebas, el secretario de Estado ha indicado que esta reforma supone una modernización necesaria y útil para la Administración de Justicia y permitirá a las partes en los procedimientos judiciales beneficiarse de los efectos positivos de la tecnología. Entre otros asuntos, el Consejo ha abordado también los derechos de las víctimas, a partir de un documento de conclusiones que alienta a la Comisión a diseñar una estrategia integral y sistemática para el periodo 2020-2024, desde la promoción de buenas prácticas entre los Estados miembros y el fortalecimiento de las redes europeas existentes. Respecto a esta cuestión, el secretario de Estado se ha referido a los esfuerzos realizados por el Gobierno de España para mejorar la protección a las víctimas e incluirlas como parte integrante del ordenamiento penal, en particular, cuando se trata de colectivos especialmente vulnerables.
En este sentido, se ha ofrecido a compartir la experiencia desarrollada por España para alcanzar esta protección integral de las víctimas. Por otro lado, se ha presentado un documento de conclusiones sobre medidas alternativas a la detención, que aborda sus beneficios en términos de reinserción y rehabilitación social. España comparte este criterio y aboga por fomentar el intercambio de experiencias en esta materia entre los países de la UE.