Es Magistrado del Tribunal Constitucional desde el 15 de marzo de 2017. Ejerció durante muchos años su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue Catedrático y Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
– Recientemente se le ha homenajeado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo del cincuentenario del nombramiento como catedrático universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Enhorabuena. ¿Cómo se siente usted al haber sido homenajeado con este motivo por su trayectoria profesional?
– Como puede imaginar, muy reconocido por esta gran muestra de afecto, con la que han querido premiar muchos años al servicio de la Universidad. Pues, para un profesor, no hay mayor motivo de alegría que verse recordado por tantos discípulos y colegas como los que me acompañaron en ese acto de homenaje tan emotivo, en el que incluso se dio mi nombre a un aula de la Facultad de Derecho.
Especial reconocimiento siento hacia quienes formaron la mesa presidencial del acto y tomaron la palabra: el Decano de la Facultad, Ricardo Alonso, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, el Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Jesús Gullón, el catedrático y Presidente emérito del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, la Directora del Departamento de Derecho del trabajo, Yolanda Sánchez-Urán, el Catedrático y Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio V. Sempere, el Rector de la Universidad de Murcia,José Luján, y el Catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo de la UCM, Joaquín García Murcia.
– Antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional usted fue catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad durante muchos años ¿Qué ha supuesto para usted el acceso al Tribunal?
– Aun siendo ámbitos muy distintos la Universidad y el Tribunal Constitucional, y siendo, como es notorio, claramente diferentes sus funciones, ambos tienen un factor común y bien importante: el estudio del Derecho. Ciertamente, en el caso de la Universidad, ese estudio tiene por finalidad la investigación y la enseñanza de las instituciones jurídicas, mientras que en el caso del Tribunal, es presupuesto ineludible para su actividad jurisdiccional. A diferencia de los magistrados procedentes de la carrera judicial, que en su quehacer en el Tribunal Constitucional prolongan, en cierto modo, su anterior experiencia profesional (aunque, claro está, con otro alcance y finalidad), los magistrados que venimos de la cátedra inauguramos una actividad realmente inédita, muy diferente de la investigadora y docente que veníamos desempeñando. En mi caso, puedo decirle que mis casi tres años en el Tribunal han contribuido no sólo a aumentar mi conocimiento del Derecho sino a comprender de modo más detallado y profundo la decisiva función que en él desempeña la Constitución.
– ¿Cómo ha cambiado el Derecho del Trabajo en los últimos años?
– El gran cambio de nuestro Derecho del Trabajo arranca, lógicamente de la Constitución, con algunos importantes precedentes de la transición. Cambio bien significativo fue la configuración de la libertad sindical y el derecho de huelga como derechos fundamentales, y el reconocimiento de otros muchos derechos y principios laborales, que han ido siendo desarrollados por una serie de importantes leyes, de las que hay que destacar el Estatuto de los Trabajadores. Es bien significativo de la movilidad del ordenamiento laboral la sucesión de cambios que han afectado a esta norma, que ha conocido tres diferentes textos (1980, 1995, 2015), que a su vez han sido objeto de múltiples modificaciones parciales.
– ¿Y cómo ha cambiado el Tribunal Constitucional?
– Al Tribunal puede aplicársele la sentencia bíblica de que “cada día tiene su afán”. En efecto, los distintos tiempos conocen, junto a los problemas que podemos calificar de habituales o recurrentes, problemas nuevos, derivados de nuevas situaciones litigiosas. Por otra parte, al ir cambiando el Tribunal periódicamente parte de su composición, ello supone la incorporación de nuevos puntos de vista, que se suman al amplio fondo doctrinal integrado por los cuarenta años de jurisprudencia del Tribunal.
– La Constitución en sus más de cuarenta años de vigencia, apenas ha sufrido reformas ¿Qué ha supuesto la Carta Magna para España?
– Creo que una contestación óptima a su pregunta se encuentra en el preámbulo de la propia Constitución cuando proclama la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática, consolidar el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos, asegurar una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y, en fin, colaborar en la cooperación entre todos los pueblos de la tierra. A la concreción y desarrollo de esos grandes objetivos se dedica un buen número de normas legales, por cuya aplicación velan los poderes públicos, jurisdiccionales y administrativos.
– El Tribunal Constitucional soporta una elevada carga de trabajo por la gran cantidad de recursos de amparo que se presentan en los últimos años ¿Cuál cree usted que es la causa? ¿Y las posibles soluciones a esta situación de elevada carga de trabajo?
– El enorme número de recursos de amparo ante el Tribunal fue, en efecto, un problema grave, que, si hubiera persistido, hubiera generado el riesgo de colapsar su funcionamiento. Afortunadamente, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal producida en 2007 condicionó la admisión de dichos recursos a la existencia de su “especial trascendencia constitucional”, lo que redujo de modo muy relevante el número de tales impugnaciones.
Por otra parte, ha de destacarse que el Tribunal no podría funcionar si los magistrados no contáramos, para afrontar esa carga de trabajo, con el imprescindible apoyo de los Letrados y del resto del cualificado personal al servicio del órgano.
– El Tribunal Constitucional es un observatorio privilegiado para el análisis del estado de los Derechos fundamentales ¿cree que nos encontramos en una sociedad en la que está debidamente asentada una «cultura de los derechos fundamentales»?
– Estoy seguro de ello. El progreso en el reconocimiento y desarrollo de los derechos fundamentales a partir de la aprobación de nuestra Constitución es realmente impresionante; basta ver el formidable conjunto de leyes que precisan el alcance de esos derechos, y el no menos formidable número de sentencias de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional que vienen administrando justicia en defensa de esos derechos.
– ¿Cuáles cree Ud. que son los retos más inmediatos que tiene ante sí el Tribunal Constitucional español? ¿Qué papel ha de desempañar en la sociedad?
– Como es bien sabido, retos inmediatos hay muchos y variados, de distinta entidad. Podría decirse que cada recurso que llega al registro del Tribunal plantea el mismo reto: su solución del modo más ajustado a la Constitución. Este es, en términos generales, nuestro reto permanente: administrar la justicia constitucional interpretando y aplicando nuestra ley fundamental con la mayor fidelidad y objetividad.
– La escasa presencia de mujeres como magistradas en el seno del Tribunal Constitucional viene de la mano de la falta de voluntad política. ¿Cree usted que debería cambiar esa tendencia y cómo podría hacerse?
– En efecto, la proporción de mujeres magistradas del Tribunal es muy reducida (dos –una de ellas, Vicepresidenta- de doce miembros). Pero, igual que está ocurriendo en otros ámbitos en los que se ha pasado de la ausencia total o casi total de la mujer a una presencia nutrida y en ocasiones mayoritaria, es seguro que en un futuro no lejano ese corto número actual irá creciendo. Desde luego, es evidente la existencia de un sobrado número de mujeres cualificadas para esta función.
María C. Rayón Ballesteros