Inscrita el pasado 10 de enero, los miembros de la asociación han acordado un decálogo programático en el que dejan clara la necesidad de defender la dignidad profesional de un colectivo que muchas veces es tratado más como un «estorbo» que como «parte imprescindible» del sistema judicial.
Además de reivindicar su derecho a la conciliación laboral y familiar, esta asociación quiere concienciar a la ciudadanía de que los abogados son «acicates del estado de Derecho», de que el trabajo que haces es «gravoso», de que su tiempo «vale» y de que los honorarios profesionales son su medio de vida.
En el decálogo denuncia el excesivo IVA, del 21 por ciento, con el que se «penaliza» a los ciudadanos por contratar a un abogado, lo que, según la asociación, obliga a muchos usuarios a tener que acudir al turno de oficio y prescindir de letrados de su confianza.
Asimismo, exige que los abogados puedan deducirse fiscalmente gastos «hoy día imprescindibles», como el vehículo, el combustible o el estacionamiento.
Transparencia en los colegios profesionales, formación más accesible, ayudas sociales y mayor presencia en los órganos de gestión y reforma de la justicia son otras de sus demandas.
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