Según el informe realizado por el Observatorio del Derecho de Familia, con encuestas a 350 abogados de familia, en el 60 % de los casos la demora de esos informes supera los seis meses, pudiendo tardar un año o más en tres de cada diez peritajes; solamente el 34 % de las evaluaciones se realizan dentro de un plazo asumible de seis meses.
«Esta demora es insoportable, provoca extraordinarias y gravísimas consecuencias prácticas y ahonda en el sufrimiento de las familias en conflicto», explica a EFE la presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano, ya que esas evaluaciones realizadas por psicólogos y trabajadores sociales suelen resultar «decisivas» a la hora de determinar las medidas personales a establecer en procedimientos contenciosos de familia.
La ley no establece un plazo máximo para que los equipos psicosociales hagan sus informes de apoyo técnico a la labor de los jueces, informándoles sobre las capacidades parentales de los progenitores y la idoneidad en cada caso del modelo de guarda, el régimen de visitas y la comunicación del menor con sus padres.
«La tardanza en resolver el modo de relacionarse con los hijos tras la ruptura de la pareja incide negativamente en las ya complicadas relaciones familiares», lamenta la presidenta de los abogados de familia.
Los informes se realizan en muchas ocasiones a petición del fiscal, pero también de los padres, cuenta el abogado José Gabriel Ortolá Dinnbier. «Cuando se está discutiendo el régimen de visitas de los niños o su guardia y custodia es necesario contar con una prueba de un perito o técnico en esta materia», explica este letrado.
«El plazo debería ser lo más corto posible, los procedimientos de familia están vivos y no son las mismas circunstancias dentro de seis meses o de un año, por ello si se dicta muy tarde, todo ha podido cambiar», añade Ortolá Dinnbier.
Gran parte de esa demora se debe, a juicio de los letrados, a la gran cantidad de procedimientos de familia en marcha y al hecho de que no haya equipos psicosociales en todos los partidos judiciales, por lo que en aquellos lugares donde no los hay, se piden a peritos de una bolsa de colegios profesionales de psicólogos.
«Hay pocos técnicos para hacer esta labor y esto conlleva retrasos de año y año medio o incluso más; los jueces conocen la saturación de este servicio y ellos padecen también el problema», opina.
El Observatorio de Derecho de Familia también valora en su encuesta el funcionamiento de estos equipos: el 45 % de los encuestados califica su actividad de deficiente o muy deficiente, un 40 % regular y solo un 15 % manifiesta estar satisfecho con su labor.
Existe una abrumadora mayoría -el 91 por ciento- que considera que tales informes influyen «mucho» o son «determinantes» en el resultado del procedimiento, por ello los letrados de familia destacan la importancia de esos informes y reclaman una regulación específica y común de los profesionales de e sos equipos.
Siete de cada diez abogados encuestados creen que la formación de esos equipos es «regular, deficiente o muy deficiente».
La encuesta entre la abogacía especializada también pone de manifiesto que la actuación de estos equipos se desarrolla sin protocolos específicos e instrumentos de evaluación psicométrica apropiados para examinar a los integrantes de una familia; así lo opina el 51 % de los encuestados.
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