Campo, que ha comparecido por vez primera en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar los planes de su departamento, ha obviado en su primera intervención los asuntos más polémicos, como la citada reforma del Código Penal o la postergada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Solo ha hablado de ello a preguntas de los grupos, después de que el portavoz del PP, Luis Santamaría, rechazara una «amnistía encubierta» para los dirigentes catalanes independentistas condenados gracias a la reforma de la sedición y de que el de Vox, Javier Ortega-Smith, denunciara la intención de «satisfacer a los golpistas».
Campo ha defendido las reformas y ha confiado en que las eventuales discrepancias en ese área no se conviertan en «palos en la rueda» que bloqueen sus proyectos de reorganizar y modernizar la administración de justicia.
Ha prometido por ello que cualquier cambio, sea de la sedición, los delitos sexuales o los medioambientales, será sometido «al más amplio debate» para intentar buscar el consenso.
«Ya veremos en qué términos», ha añadido para pedir diálogo, convencido que no esa la cuestión que preocupa a los miles de ciudadanos que esperan que un juzgado resuelva su despido o su divorcio.
Varios portavoces han denunciado la politización de la Justicia y, ante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Santamaría, ha dejado claro que el PP no entrará «en un mercadeo de nombres».
Su objetivo, como el de Vox y Ciudadanos, es cambiar el sistema de elección de los vocales para que los jueces designen directamente a la mayoría, pero Campo se ha negado a una reforma de ese calado antes de renovar el actual CGPJ.
Ha llamado así al diálogo a los partidos «de Estado» porque elegir a los nuevos miembros es un mandato constitucional y ha defendido un sistema que validó el Tribuna Constitucional y que da al modelo una «doble legistimación», ya que los jueces proponen a los vocales de extracción judicial y es después el Parlamento quien los elige.
Cuestionar ese sistema es «insultar» a la soberanía popular y a la carrera judicial, ha manifestado el ministro, abierto a repensar el modelo una vez que se renueve el actual Consejo.
También ha apoyado la propuesta de la exministra Dolores Delgado como futura fiscal general del Estado, convertida en la diana de las críticas de la oposición.
Campo ha defendido que sea el Gobierno quien propone al candidato porque es el responsable de dirigir la política criminal.
«Si no les gusta, este ministro vendrá a responder por los actos de la fiscal general», ha avanzado Campo, recordando también la capacidad de los fiscales de oponerse a las directrices de Delgado si no respetan la legalidad.
Estrella Digital