Asociaciones de abogados y abogadas de oficio han convocado una concentración el próximo 28 de febrero frente al Congreso de los Diputados.
A este respecto, la Junta de Gobierno del ICAM ha expresado su apoyo mediante un comunicado y manifiesta que:
1. El Parlamento debe abordar con urgencia la necesaria reforma normativa que garantice a los abogados designados de oficio el pago del servicio prestado, con independencia del resultado del expediente de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando por Ley u orden judicial se imponga su actuación.
2. Es vital y exigible que, ante un tema de enorme trascendencia social y un servicio esencial para el funcionamiento del Estado de derecho, todos los partidos políticos con representación en la sede de la soberanía hagan pública su posición en relación al trámite de urgencia de la referida reforma.
3. El Colegio no va a permitir que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela
judicial efectiva dejen de ser compensadas, ni que se trasladen los problemas de financiación de un servicio público a los abogados y abogadas de oficio que cada día hacen efectivos estos derechos fundamentales y que se presta con especiales exigencias de formación y un alto grado de calidad.
4. El Colegio iniciará cuantas acciones procedan en Derecho tendentes a reclamar el pago de todas y cada una de las actuaciones profesionales de los letrados y letradas de oficio efectuadas a requerimiento judicial que hayan sido debidamente justificadas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
5. El Colegio seguirá trabajando con el objetivo de conseguir una mejora sustancial de los baremos de pago, el establecimiento de un sistema de actualización periódica de los mismos y la inclusión en los referidos baremos de actuaciones hasta el momento no contempladas.
6. Es prioritario para el Colegio que la defensa de los ciudadanos que carecen de medios para litigar se lleve a cabo por profesionales debidamente cualificados y cuyas actuaciones sean digna y suficientemente remuneradas.
Redacción