Mucho se ha dicho sobre los males que aquejan a la justicia y de hecho se tienen identificados cuales son los problemas estructurales que padece, sin embargo cuando se busca una cura a través de reformas, los esfuerzos se centran en el gobierno de la Rama Judicial y algunos aspectos relativos a la estructura y funciones de las altas cortes.
Los fracasos de las reformas que se plantean en cada gobierno tienen un mismo origen, no se llega a un consenso con los directamente afectados con los cambios en el sector judicial, no porque se tenga que pedir autorización de quienes van a ser reformados, más bien porque el procedimiento de los actos legislativos establece un control en las cortes.
Esas iniciativas se han dedicado a reestructurar la cúpula de la Rama, dejando de lado las dificultades de los usuarios en el ejercicio diario de acceder a la administración de justicia. Se preocupan por el periodo de los magistrados, sus funciones electorales y forma de vinculación, que no resuelven aquellos que generan una imagen negativa de la Rama y la falta de confianza del ciudadano en sus jueces, como son la disminución de los tiempos procesales, falta de acceso a personas de escasos recursos, impunidad y transparencia de los servidores judiciales.
La reforma que el Ministerio de Justicia radicará en el Congreso, para el periodo legislativo próximo a comenzar, está enfocada en lo mismo: inhabilidades para que los magistrados de altas cortes no se postulen a cargos de elección popular durante los cuatro años siguientes a la terminación de sus funciones, el precedente judicial, facultades para elegir auditor y procurador, cambios en la organización y denominación del Consejo Superior de la Judicatura y designación, requisitos y aumento del periodo de los magistrados. Contempla otro aspecto que ya se había considerado en anteriores proyectos referente a las facultades que se otorgarían a notarios y centros de arbitraje para ejercer funciones jurisdiccionales en casos excepcionales.
La mayoría de los asuntos que se requieren para mejorar la justicia, acorde a las necesidades del país, se lograrían sin el trámite de un acto legislativo que es dispendioso, con el riesgo de ser declarado inexequible por sustituir la constitución. A través de una ley estatutaria podría encontrarse la solución para los problemas cotidianos de la justicia como la mora en la resolución de conflictos, sistemas tecnológicos insuficientes y obsoletos, falta de garantías procesales para las víctimas, inseguridad jurídica y congestión en los despachos, entre muchos otros.
El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, crear una jurisdicción constitucional que se encargue de resolver las acciones constitucionales y especialmente las tutelas, que son las que generan mayor congestión, y definir una política criminal clara que atienda las necesidades de la ciudadanía son opciones que deben ser observadas para responder a las exigencias de los colombianos que piden una justicia eficiente y oportuna.
@WilsonRuizO
Wilson Ruiz Orejuela