Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre del pasado año.
Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y se refieren a conductas con afectación de dinero público.
Se tipifican como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
De los 254 acusados por corrupción 84 lo fueron en la Región de Murcia, 42 en la Comunidad Valenciana, 38 en Cataluña, 23 en Andalucía, 21 en Madrid, 19 en Baleares, 15 en Galicia, siete en Asturias, dos en Castilla y León y uno en Extremadura, en el País Vasco y en la Audiencia Nacional.
De las 91 sentencias dictadas 65 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 71,42 por ciento, y las 26 restantes, el 28,57 por ciento, absolutorias.
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