La titular del juzgado de lo Social numero 41 de Madrid ha dictado un auto en ese sentido después de que el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial reclamara la adopción de medidas cautelarísimas para proteger a los letrados de la administración de justicia (antes llamados secretarios judiciales) que trabajan en los servicios esenciales.
En el auto se atienden parcialmente las peticiones de este sindicato, ya que no se acepta, como solicitaba, que se dispense a esos funcionarios del cumplimiento de la prestación del servicio mientras no se les facilite equipo de protección individual.
La jueza considera que existe un «riesgo cierto de no tomarse ninguna acción» cautelar y se remite a la ley de prevención de riesgos laborales, que establece que los trabajadores tienes derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Fuentes de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid han explicado que se va a dar traslado del auto a la administración competente, que en este caso es el Ministerio de Sanidad, encargado de administrar el material que se solicita.
En la Comunidad, añaden, están a expensas de las medidas que tome Sanidad, también sobre el tipo de material de protección que se debe proporcionar a los empleados públicos.
Las medidas adoptadas hasta ahora por la Consejería incluyen la desinfección de sedes judiciales, en la que hoy se han involucrado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, y también se han instalado dispensadores de geles desinfectantes en todas los juzgados abiertos para atender los servicios esenciales marcados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La actividad, añaden estas fuentes, se ha reducido al mínimo. En los juzgados de plaza de Castilla, por donde diariamente pasan alrededor de 3.000 personas externas a los mismos, hoy han entrado 50.
Ante las protestas de magistrados y trabajadores de los juzgados por no contar con la protección adecuada, el CGPJ ha «exigido» a todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia que «se abstengan» de tomar medidas que impidan garantizar los servicios esenciales y ha advertido a los jueces de que cumplen una función esencial que «no puede ser suspendida ni gravemente limitada».
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