A lo largo de estos días, las asociaciones judiciales han ido presentando sus alegaciones al centenar de medidas planteadas por el CGPJ al Ministerio de Justicia para evitar el colapso de los juzgados ante el previsible ingreso masivo de asuntos una vez se levante el estado de alarma.
Entre otras, el Consejo proponía la posibilidad de habilitar el mes de agosto, de dictar sentencias orales en determinadas circunstancias; o de desincentivar las litigaciones «sin fundamento» mediante el pago de las costas o la imposición de una multa en el orden civil.
También planteaba implantar mecanismos de refuerzo, definir normas de reparto y especialización en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial y, en relación a los ERTE, elevar la cuantía para el acceso al recurso de suplicación o que las sentencias resolviendo las impugnaciones «no sean susceptibles de recurso de suplicación ni, en su caso, de casación ordinaria».
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, asume que el borrador es «bienintencionado», pero más allá de algunas «medidas acertadas», propone otras «excesivamente ambiciosas» que se dilatarían en el tiempo, o que directamente «son ineficaces o tienen poco que ver con la realidad».
Temen que el CGPJ pretenda con el documento «monopolizar y asumir competencias excepcionales sobre el estatuto de los jueces» y piden medidas concretas de carácter inmediato que se dicten «con escrupuloso respeto a las normas constitucionales», «unificación de criterios», y más recursos personales.
Por su parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) también estimó que el plan de choque ignoraba la realidad de la justicia con medidas que implicarían un «cambio estructural del modelo procesal» que, a juicio también de Foro Judicial Independentiente (FJI), podrían afectar a la independencia judicial.
La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) también criticó que se «planteen reformas procesales de calado y sustraídas al necesario debate público» y consideró que las propuestas se deberán ceñir a «actuaciones puntuales exclusivamente ligadas» a dar una respuesta rápida a los asuntos.
En opinión del Consejo General de la Abogacía, el borrador es «un documento preparado con independencia del estado de alarma» y con «inclinación» a veces a limitar el acceso de la ciudadanía a la justicia, y rechaza la propuesta de declarar agosto mes hábil, según explica en un comunicado.
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