Según ha informado este organismo, este jueves se ha aprobado un informe donde se ha determinado que la colaboración de los miembros de la carrera judicial con los medios de comunicación se puede compaginar con la actividad jurisdiccional, mientras se cumplan una serie de requisitos esenciales.
Algunas de estas condiciones son que las intervenciones de magistrados se den fuera del horario de audiencia pública o que las colaboraciones no entorpezcan los deberes judiciales ni comprometan la imparcialidad e independencia del juez.
Además, el informe señala que las apariciones en los medios no se podrán dar cuando el magistrado tenga la obligación de prestar una atención preferente al desempeño de sus funciones.
Desde el CGPJ también han resaltado que la participación habitual de un miembro de la carrera judicial en la prensa nunca puede consistir en un asesoramiento jurídico, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe esta práctica.
Aunque han incidido en que este asesoramiento no se refiere a la labor pedagógica de la Ley o la opinión como juristas sobre asuntos de relevancia pública, ya que estos comentarios están dentro de la libertad de expresión.
Sin embargo, el CGPJ ha recordado a los jueces que deben tener en cuenta que su libertad de expresión está sometida a unos límites específicos y estrictos, ya que tienen el deber de mantener el secreto respecto a las deliberaciones y los hechos que conozcan por el ejercicio de sus funciones.
Además, los jueces tienen prohibido dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos «felicitaciones o censuras por sus actos» y el Tribunal Supremo ha establecido que su libertad de expresión debe ejercerse con «prudencia y moderación»
En cuanto a la remuneración de estas colaboraciones, el informe considera «irrelevantes» si son retribuidas o no, aunque sí especifica que, en caso de ser retribuidas, deberían tener el pago habitual por estas intervenciones para no poner en riesgo la independencia del juez.
El Consejo ha incidido en que cuando se denieguen estas prácticas, se basarán en «hechos objetivos o razones concretas» que prueben que la intervención en medios impide a los jueces realizar sus labores judiciales habituales.
Estrella Digital