Este asunto ha marcado la comparecencia de Campo en la Comisión de Justicia, donde el ministro ha asegurado que es «rotundamente falso» que se estén ocultando datos de fallecimientos y ha advertido de que «tratar de obtener rédito político del sufrimiento generado por esta calamidad sería algo del todo imperdonable: el peor insulto a las personas fallecidas y sus seres queridos».
El PP y Vox habían pedido su comparecencia para que presentara los datos de defunciones inscritas en los registros civiles en estos últimos meses para compararlos con años anteriores, pero el ministro, de quien dependen esos organismos, no ha ofrecido cifras y ha pedido esperar a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) las recopile y las publique.
Campo, que ha reconocido que en las peores semanas de la crisis hubo retrasos en la inscripción de fallecidos en los registros de algunas ciudades y comunidades, ha señalado que están intentado compendiar la información «goteo a goteo», distinguiendo las muertes en hospitales, domicilios y residencias para tener la mejor radiografía de lo ocurrido.
Ha negado, no obstante, que haya «bulos sobre los muertos» y ha subrayado la «transparencia» de las autoridades sanitarias y los datos que ofrecen a diario, al tiempo que ha criticado a quien «utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política».
«Lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad», le ha espetado el portavoz del PP, Luis Santamaría, que ha cuestionado el consenso del que ha hecho gala Campo para sacar adelante las medidas para reactivar la justicia y ha dudado de la constitucionalidad de algunos puntos del real decreto.
Tras él, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado directamente al Gobierno de ocultar los datos de las muerte por la COVID-19 y ha indicado que el decreto «no es más que un parche ante una terrible fuga». Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha afirmado que sin el respaldo presupuestario necesario, las medidas son «humo».
Campo ha tendido su mano, pero solo desde las filas de Podemos y del PNV se han escuchado palabras de comprensión y apoyo, mientras que ERC ha denunciado lo que considera una «centralización abusiva e ineficaz» de competencias, una crítica también esgrimida por Bildu y que el ministro ha negado.
El titular de Justicia ha defendido la «rabiosa constitucionalidad» del real decreto aprobado para afrontar el alud de reclamaciones y procesos que se espera en los juzgados y, ante las críticas del PP, ha destacado que «cuentan con el apoyo y consenso» de todas las comunidades autónomas, pero el portavoz popular le ha pedido no confundir la «lealtad institucional» de los consejeros con el acuerdo.
La mayoría de los grupos, incluido el PNV, se han hecho eco del rechazo de abogados y procuradores a la habilitación de buena parte del mes de agosto en los juzgados y han reclamado más medios e inversiones.
Campo ha destacado que el plan de choque que se aprobará tras levantarse el estado de alarma irá acompañado de 40 millones de euros y no ha ocultado las carencias de la Justicia: la penetración de las nuevas tecnologías en este sector sigue siendo «inaceptable».
Su prioridad, ha asegurado, ha sido garantizar la salud de los trabajadores: la actividad presencial en los juzgados quedó reducida a un 95 % en los momentos más duros de la crisis sanitaria y diez días después del estado de alarma todos los partidos judiciales ya empezaron a recibir materiales.
Según ha informado, el coronavirus solo ha afectado al 0,002 % de los trabajadores de la Justicia.
El ministro ha anunciado también en el Congreso que el examen de acceso a la Abogacía, necesario para ejercer como letrado y suspendido por la crisis del coronavirus, se hará por vía telemática, dando respuesta a cerca de 7.000 candidatos inscritos este año.
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