En su primer pleno no presencial de la historia, los magistrados han acordado revisar las sentencias de nueve de los condenados y solo faltan por admitir los recursos del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del exconseller Raül Romeva, que no han estado sobre la mesa ya que recusaron a los doce miembros del tribunal y ello le impide tomar medidas en sus amparos hasta no resolver la recusación.
De esta forma, en una providencia el TC admite a trámite los recursos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años de prisión; de Josep Rull y Joaquim Forn (10 años y medio), de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (11 años y medio); del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos sentenciados a 9 años.
Eso si, en este momento el TC «no aprecia la urgencia excepcional» necesaria para suspender a estos siete las penas de prisión mientras resuelve sus recursos y ha acordado dar un plazo de tres días a la Fiscalía y a los recurrentes para que aleguen sobre esta petición, que se resolverá próximamente.
También estudiarán los magistrados los amparos de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs, condenados a inhabilitación y multa por desobediencia, como el exconseller Santi Vila, que sin embargo fue el único que no recurrió al TC.
El pleno ha considerado que concurre la especial trascendencia constitucional para admitir los recursos, que plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre la que no hay doctrina del TC, con lo que se da así el primer paso para revisar la sentencia del Supremo a estos nueve condenados.
A ellos se sumaran próximamente Junqueras y Romeva una vez se resuelva la recusación que plantearon contra todos los magistrados al considerar que tenían prejuicios «ideológicos» ante el independentismo.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que todo apunta a que sendas recusaciones serán rechazadas porque carecen de fundamento y, además, porque en caso de prosperar no podría haber un tribunal que revisara después los amparos contra la sentencia del Supremo.
Recuerdan las fuentes que existe doctrina que establece que las recusaciones masivas de un tribunal son inadmisibles y precisan que no se ha resuelto todavía por un problema procesal, si bien probablemente se solvente en un nuevo pleno que se convocará dentro de quince días.
Ya resueltos, se abordará inmediatamente después la admisión de los amparos de Junqueras y Romeva, que se unirán a los del resto de condenados, que se han repartido entre varios magistrados, algunos cuentan con más de uno y otros, en cambio, no tienen ninguno.
Los recursos no se acumularán sino que se revisarán de manera independiente puesto que plantean problemas diferentes, aunque habrá un «recurso piloto» que probablemente sea el que plantee asuntos más complejos que afecten al resto y que marque la doctrina para los demás.
Se mantendrá también la coordinación por el mismo equipo de letrados que lleva ha revisado hasta la fecha todos los recursos del «procés» durante la instrucción de la causa y que coordina el magistrado Cándido Gómez Pumpido, por su dilatada experiencia en asuntos de derecho penal, al que ahora se unirá también otro penalista Antonio Narváez.
Libertad ideológica y de reunión, libertad de expresión o de representación política, o el derecho fundamental a la legalidad penal son algunos de los derechos que los condenados entienden vulnerados y sobre los que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional.
En sus recursos, algunos como Sànchez, Rull y Turull no dejaron atrás el tono político y argumentaron que la sentencia del Supremo trató de «escarmentar» al independentismo.
Cuixart, uno de los que más confianzas ha depositado en Europa, pidió por su parte al TC que declare inconstitucional el delito de sedición; mientras que Forcadell alegó que se limitó a cumplir con su función de «proteger» la libertad de expresión de los diputados del Parlament, «sin perturbaciones ilegítimas» y sin censura previa.
Al margen de los amparos contra la sentencia, el TC ha admitido a trámite un recurso de Turull contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de 25 de julio de 2019, que, entre otras cosas, le suspendió de su sueldo como diputado al perder esta condición.
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