La medida, adelantada por El Español y confirmada por fuentes del órgano de gobierno de los jueces, será aprobada este jueves por la comisión permanente del CGPJ y ha llevado a otros operadores del sector a reclamar de nuevo que se les realice el test también a ellos antes de reincorporarse a los juzgados.
La mayoritaria Asociación de Fiscales se ha dirigido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para recordarle que ya le pidieron las pruebas a mediados de abril e instarle a que haga las gestiones necesarias ante el Ministerio de Justicia para que se las facilite, como ha acordado el CGPJ.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la administración de justicia, también ha pedido al Ministerio la realización de test fiables a todos el personal funcionario, alrededor de 55.000 trabajadores.
En el caso de los jueces, el Consejo ha optado por modificar el contrato suscrito con Quirón Prevención S.L.U para que en el reconocimiento médico periódico que se ofrece a los miembros de la carrera en activo se incorpore la determinación serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM.
El coste de cada test de anticuerpos ronda los 60 euros, apuntan desde el CGPJ, pero el importe del contrato con la empresa sanitaria no ha variado, ya que hay otras pruebas que quedan en suspenso por la pandemia de coronavirus. El reconocimiento incluía un análisis de sangre en el que ahora se aplicará también el reactivo que detecta los anticuerpos del COVID-19.
Los juzgados estén centrados en estos momentos en la prestación de los servicios esenciales fijados y a la espera de que se levante la suspensión de los plazos procesales marcada en el estado de alarma para que se reanude la actividad.
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