Los doce magistrados del tribunal de garantías mantuvieron el pasado miércoles un pleno telemático -mediante procedimiento sustancialmente escrito, no por videoconferencia- en el que adoptaron este acuerdo, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado.
En virtud del mismo, «los términos y plazos» que quedaron suspendidos el pasado 16 de marzo, a raíz de la pandemia del coronavirus, «volverán a computarse desde su inicio». Es decir, el primer día a contar será el siguiente hábil a aquél en el que se levante la suspensión y se reactive la actividad.
De la misma manera se computarán «los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos constitucionales».
También acordó el TC mantener «el régimen ordinario de días y horas hábiles», lo que significa que «el mes de agosto será inhábil para la interposición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales y administrativas».
En cualquier caso, deberán seguir practicándose actuaciones que, por su carácter, «no puedan dilatarse» y se podrán presentar escritos a través del registro electrónico.
Según el TC, las «previsiones» del real decreto aprobado recientemente por el Gobierno con medidas procesales organizativas para agilizar la actividad judicial tras el estado de alarma «no son directamente aplicables al ámbito de la jurisdicción constitucional».
Por ello, el pleno del tribunal y a propuesta de su presidente, Juan José González Rivas, ha adoptado estas medidas.
En dicho real decreto sí que figura la habilitación de buena parte del mes de agosto en los tribunales, un asunto cuestionado por algunos operadores jurídicos como la Abogacía.
El Constitucional acordó el 16 de marzo suspender los plazos para realizar actuaciones procesales o administrativas durante la vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de que pudieran seguir presentándose recursos y demás escritos a través del registro electrónico.
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