Una decisión que se ha adoptado ante la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios, según ha informado el Ministerio de Justicia este jueves.
Tanto el ministerio como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas han transmitido durante la reunión de la Comisión que los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales han transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables.
Sin embargo, la mayoría de las administraciones han expuesto la necesidad de continuar en la fase actual, iniciada el pasado martes, «ante la necesidad de evaluar de manera sosegada las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede».
La orden de Justicia por la que se aprueba Plan de Desescalada ante el COVID-19, publicada el pasado 9 de mayo, prevé que la fase 1 se prolongue durante al menos una semana, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La disposición recoge otras tres fases hasta la vuelta a la nueva normalidad. La fase 2 prevé la reincorporación de entre el 60 y el 70 por ciento de los funcionarios y la 3 establece la vuelta al trabajo del 100 por ciento de la plantilla para el momento en que se levante la suspensión de actuaciones.
Por último, la fase 4 comenzará en el momento en que se supriman las recomendaciones sanitarias y permitirá el retorno al funcionamiento ordinario de cada órgano.
La norma, también consensuada en la Comisión de Coordinación de Crisis del covid-19, busca conjugar el retorno escalonado al trabajo en los órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el máximo rigor en las medidas de seguridad laboral para garantizar la salud de todos los operadores jurídicos y los usuarios.
Durante la reunión, a la que ha asistido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los participantes se han comprometido a compartir en próximos encuentros sus propuestas para la creación de juzgados especializados en asuntos derivados de la crisis del Covid-19 que prevé el Real Decreto convalidado este miércoles por el Congreso de los Diputados.
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