«En los despacho de abogados estamos notando un aumento de las consultas para iniciar la separación o el divorcio», informa la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.
Explica que «después de las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, cuando las parejas conviven más tiempo, se suele producir un repunte importante de las rupturas y ahora está ocurriendo una situación parecida».
Además alerta de que están recibiendo una «avalancha de peticiones para rebajar o extinguir las pensiones alimenticias de los hijos y las compensaciones económicas a la expareja debido a la pérdida de ingresos provocada por la actual crisis sanitaria».
Igualmente augura un aluvión de procesos para solicitar una compensación de tiempo por parte de padres y madres divorciados que se han visto desprovistos de la compañía de sus hijos debido al confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado ante la pandemia.
La AEAFA recuerda que «el real decreto ley de agilización de la justicia para hacer frente al COVID-19 ha dado carácter de urgencia a la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio y pensiones económicas entre cónyuges y de alimentos reconocidos a los hijos cuando cambian sustancialmente las circunstancias económicas».
Pero la asociación cuestiona que este real decreto ley sirva para hacer frente «al alud de procedimientos que se avecinan dada la precariedad del sistema judicial español».
Por este motivo María Dolores Lozano aboga por alcanzar «acuerdos entre padres y madres divorciados y de este modo evitar la vía judicial».
Para ello recomienda «pactos de minoración de las pensiones con carácter transitorio, es decir, estableciendo los sistemas adecuados para luego volver a las pensiones que se tenían antes del expediente de regulación de empleo temporal o de la pérdida de ingresos de la persona obligada al pago».
María Dolores Lozano advierte de que «el sistema de justicia padece desde hace mucho tiempo una falta de inversión en medios materiales y humanos y la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia esta carencia».
«El real decreto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la justicia no solventa en absoluto la crisis del sistema ni agiliza los procesos judiciales y no basta con que a un proceso se le ponga la etiqueta de urgente si no se dispone de medios», añade.
Explica que «tenemos un sistema de cuello de botella en el que todas las decisiones pasan por el juez y si no se le dota de más jueces va a colapsar».
Lozano recuerda que «desde hace mucho tiempo todas las jurisdicciones sufren atascos y en especial las cuestiones relacionadas con la familia, como los divorcios, las guardas y custodias, las tutelas o las sucesiones».
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