En la denuncia, la Asociación Andaluza de Juristas 17 de marzo afirma que son «manifestaciones ilegales» que «ponen en peligro la salud y la vida de las personas» y pide al Ministerio Público que investigue la posible comisión de un delito de manifestación ilícita, castigado con penas de hasta tres años de cárcel para los organizadores y dos para los participantes.
Esta mañana hemos presentado ante la Fiscalía una denuncia por manifestación ilegal durante el estado de la alarma https://t.co/KefJSAj6LT CC: @Luisoc09864928 @jpurias #cayetanos pic.twitter.com/Fzbj2ftnhp
— Grupo 17 de Marzo (@G17Marzo) May 20, 2020
También reclama que se investigue la «connivencia» de policías nacionales que «permiten con normalidad» estos actos y «en ocasiones muestran su apoyo (…) mediante sonidos de sus vehículos y gestos ostensibles», lo que en su opinión implica que pueden incurrir en un delito grave de prevaricación «en concurrencia con otros» como coautores de otros contra la seguridad y la salud públicas.
La denuncia se sustenta en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 30 de marzo que prohibió las manifestaciones sindicales convocadas en coches particulares con motivo del 1 de mayo al advertir de que, en el caso de celebrarse, «es completamente seguro que se produzcan contagios entre las personas participantes que luego puedan extenderse en sus círculos».
El colectivo de juristas recuerda en un comunicado que el estado de alarma sigue vigente, igual que el derecho de manifestación, pero recalca que «deben permitirse las reuniones que cumplan con las medidas de seguridad exigidas para evitar contagios».
Las manifestaciones celebradas en los últimos días en Sevilla contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, se han producido «sin guardar la distancia de seguridad» y sin notificación previa a la Subdelegación del Gobierno, por lo que «se está infringiendo deliberadamente la ley» para «realizar actos que se sabe que ponen en peligro la salud pública», apunta la asociación en su denuncia.
Esta falta de comunicación previa a la autoridad, prosiguen los denunciantes, es «una estrategia deliberada de ruptura con la legalidad» para evitar que las autoridades adopten medidas para que las manifestaciones «se desarrollen de manera ordenada y sin afectar a otros derechos como el de la salud pública».
Según la denuncia, las convocatorias son «previas y deliberadas» y hay «presencia anticipada de periodistas», lo cual «demuestra que no se trata de actos espontáneos, sino de una serie de manifestaciones políticas organizadas y coordinadas».
La asociación solicita la adopción de medidas para impedir este tipo de concentraciones e informa al Ministerio Público de «las horas y lugares de las próximas convocatorias previstas» en Sevilla.
Estrella Digital