Según explica el Ministerio en un comunicado, Campo ha pedido a los gobiernos autonómicos y a las administraciones competentes «voluntariedad y generosidad» para articular este plan en la reunión que ha mantenido este viernes la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia.
En esa cita, en la que participan también el Consejo General el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, se ha acordado avanzar en la particular desescalada de la Justicia y que el martes se entre en la fase 2, momento en el que acudirá a sus centros de trabajo entre el 60 y el 70 % del personal, con turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará mañana la orden por la que se activa esta nueva fase y sus criterios de implantación.
Esta desescalada gradual, junto al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio (aprobada formalmente hoy por el Consejo de Ministro), «será clave en la reactivación judicial», ha señalado Campo.
A su juicio, «lo más prudente» era reactivar los plazos en esa fecha para reanudar la tramitación pendiente de los asuntos con las condiciones fijadas ya para la fase 3, cuando está previsto que estén en los juzgados trabajando el 100 % de los efectivos.
Mientras, el Ministerio trabaja en el plan de choque que presentará tras levantarse el estado de alarma para reforzar los juzgados mercantiles, de lo social y de lo contencioso-administrativo, los más afectados por el parón de la actividad.
El objetivo, explica, es analizar los diferentes parámetros estadísticos para saber dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos que permitan ayudar a la recuperación económica.
Campo ha llamado a «coordinar y conectar esfuerzos» para el éxito de estos planes, que serán analizados de forma exhaustiva para su reedición en 2021.
«Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía», ha destacado.
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