Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado que la suspensión la han solicitado algunas de las partes y el resto, como la Fiscalía y la acusación particular que representa a la familia de la víctima, se han adherido sin que nadie se haya opuesto.
La decisión se ha tomado sobre las 11.30 horas de hoy lunes y pese a que los posibles miembros del jurado popular habían acudido a dependencias de la Audiencia de Granada para la selección rutinaria.
El abogado que representa a la viuda del agente, Javier López García de la Serrana, ha explicado a preguntas de los periodistas que la decisión «dolorosa» de suspender el juicio responde a las particulares circunstancias actuales.
La sala se había acondicionado con mamparas para separar a las partes, aunque se iban a concentrar los abogados de la Fiscalía y las cuatro acusaciones, la defensa, los nueve miembros del jurado y los dos suplentes, el tribunal, el agente judicial y el acusado, una veintena de personas en una sala sin ventilación.
«Lo más importante es si el jurado está en condiciones mentales y anímicas para estar atentos así durante cuatro días y hacer su labor como la tienen que hacer», ha resumido el letrado, que ha recordado que el jurado popular estaba inquieto por la situación. .
«Queríamos celebrarlo para acabar con este auténtico calvario, mucho sufrimiento acumulado, y es triste que se tenga que suspender pero entendemos que las condiciones anímicas del jurado podría ser complicadas y se trata de un juicio importante», ha añadido García de la Serrana.
Entre los argumentos sustentados por las partes ha destacado la de evitar posibles peticiones de nulidad de la defensa del acusado y garantizar que se respeten las condiciones de una tutela judicial efectiva.
De momento no se ha previsto ni otra sala ni fecha para retomar el juicio, el primero que se iba a celebrar con jurado popular en el país desde que se suspendió la actividad judicial por la crisis sanitaria.
La Audiencia había previsto juzgar desde hoy a Juan Antonio M.G, que se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 27 años de cárcel por matar a un agente de la Guardia Civil de servicio en Huétor-Vega (Granada), al que disparó con su arma reglamentaria.
Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2018, cuando la víctima, el agente José Manuel Arcos, que estaba de servicio junto a una compañera del puesto de La Zubia.
La representación de la familia de la víctima ha pedido 42 años y medio de prisión, la Abogacía del Estado ha interesado una condena a 37 años, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido 23 años de prisión y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil se ha adherido a la petición de la Fiscalía.
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