«Concluso para sentencia», ha dicho la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, después de que los cuatro acusados, con Trapero a la cabeza, declinasen hacer uso del derecho a la última palabra: «No, señoría. Gracias», ha sido la última intervención del mayor.
Se despide así Trapero este miércoles del banquillo tras una treintena de sesiones, que quedaron interrumpidas por la pandemia del coronavirus justo cuando el fiscal iba a modificar su acusación por rebelión.
Ha sido en la recta final del juicio cuando el mayor ha conocido la pena concreta a la que se enfrenta: 10 años de prisión por sedición o, en su defecto, 60.000 euros de multa y un año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia, la misma que el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de la Conselleria de Interior César Puig.
Una petición que ha combatido durante nueve horas la abogada de Trapero, Olga Tubau, que también representa a la intendente de Mossos Teresa Laplana, para quien se pide 4 años por sedición, aunque también con la alternativa de desobediencia.
Pese a esta alternativa, el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, dejó claro el lunes que la acusación «primordial» es la de la sedición. Pero la abogada ha negado que haya pruebas que justifiquen ninguno de los dos delitos.
Ha indicado que los Mossos pusieron «negro sobre blanco» ya antes del referéndum ilegal del 1 de octubre que cumplirían con las órdenes judiciales, y lo hicieron pese a las discrepancias hacia el nombramiento del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador del 1-O, con quien Trapero tenía una «muy mala relación» que la abogada no ha negado.
Como tampoco ha negado su escepticismo hacia la negativa del coronel a que tuviese cualquier tipo de animadversión hacia Trapero, como dijo en el juicio: «Eso es difícil de creer».
Lo que sí ha rechazado es la tesis del fiscal de que el mayor estuvo «en la órbita directa» de la comisión del delito de sedición en connivencia con los líderes del «procés», ya condenados por el Supremo, porque a su juicio Trapero demostró una «sujeción absoluta» a las órdenes judiciales y fiscales para impedir el referéndum.
«Si alguien de Cataluña creyó que los Mossos apoyarían el referéndum y el ‘procés’ es que estaba tomando sus deseos por realidades», ha asegurado la letrada, que ayer admitió que el 1-O fue un fracaso «político» y «policial», pero de los tres cuerpos: Mossos, Policía y Guardia Civil.
Lo que ocurre, a su juicio, es que si el coronel Pérez de los Cobos asume que conocía el dispositivo de los Mossos basado en binomios de agentes en los centros de votación, ello implicaría un fallo conjunto de los tres cuerpos, y no solo de la policía autonómica.
Una tesis que contrasta con la del fiscal, que catalogó la actuación de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 y el 1-O como «una consciente dejación del orden público hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial».
El abogado Cristóbal Martell, que defiende a Soler, ha tomado el testigo de Tubau para negar «radicalmente» que el exdirector intentase «alinear» al cuerpo en favor de la independencia de Cataluña y ha indicado que el dispositivo del 1-O «podrá parecer muy hippie», pero lo que no fue es «un engaño».
Para el letrado, debería ser irrelevante que Soler pudiera desear la independencia de Cataluña porque ni participó en la «génesis» de los documentos policiales de los Mossos, ni en las reuniones en las que Trapero y otros mandos policiales «conminaron» al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros altos mandos del Govern a que desconvocaran el referéndum.
«Me perdonará mi patrocinado, pero no estaba en el escenario, no estaba», ha dicho.
El abogado de Puig, Fermín Morales ha cerrado el turno de las defensas en un alegato absolutorio a favor de su defendido y fundamentado en que «ni se comportó de manera sediciosa ni de manera desobediente» ante el Tribunal Constitucional.
Con él, la Audiencia Nacional ha bajado el telón de un juicio que comenzó el pasado 20 de enero y que en su recta final ha obligado al tribunal y a las partes a adaptarse a la nueva normalidad, con distancias de seguridad de por medio y bajo la protección de la mascarilla.
Estrella Digital