De este modo se ha dirigido Campo a los fiscales al inaugurar el segundo semestre de la formación continua, centrado en los delitos contra menores y mujeres en entornos tecnológicos, formación que recibirán a través de un curso «online», informa el Ministerio en un comunicado.
Precisamente por ello, el ministro ha echado mano de instrumentos como la Ley de Protección de Datos y el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, recientemente aprobada por el Gobierno, en las que deberán apoyarse.
Respecto a este último, el ministro ha subrayado los cuatro nuevos tipos delictivos a través de medios tecnológicos dirigidos contra menores o personas con discapacidad, como el fomento o incitación al suicidio, un delito que «permitirá luchar eficazmente contra fenómenos execrables como el denominado «ballena azul», que da nombre a este curso.
También ha mencionado el delito de promoción, fomento o incitación a la autolesión y a la comisión de delitos de naturaleza sexual; el de promoción o facilitación del consumo de productos, preparados o sustancias, o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios.
En relación a la difusión no consentida de vídeos, Campo ha recordado que con la nueva regulación «se pretende evitar la impunidad de conductas que afectan intensamente a la integridad moral de las víctimas».
Ha resaltado a su vez aspectos de la Ley de Protección de Datos como los nuevos derechos digitales a la protección de menores en Internet, a la intimidad y uso de dispositivos dentro del ámbito laboral, a la rectificación y actualización en Internet y en medios digitales, o el derecho al olvido.
«Nuestra credibilidad, la de todos los operadores jurídicos, está, debe estar, en que seamos capaces de proveer un acceso real y completo a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad», ha subrayado Campo.
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