«Lo verdaderamente llamativo no es que no se renueven los órganos, sino que podamos ampararnos precisamente en que no me gusta el modelo para no hacerlo. Es una falta de creernos el Estado de derecho, no podemos estar haciendo diariamente invocaciones a la Constitución» cuando no se cumplen las normas constitucionales, ha afirmado el ministro en una entrevista telemática con la Cadena Ser.
Ha defendido que el cambio de modelo para renovar los órganos judiciales se consensuó en 2018 y «no hay otra alternativa», y ha dicho que es «inconcebible» que un partido como el PP no participe en el proceso porque no le guste el modelo, tras lo cual ha mostrado su esperanza en que cambie de opinión y demuestre que es «ese partido de Estado que todos deseamos y añoramos».
«Está complicado, pero no podemos dejar de hacerlo», ha añadido el ministro sobre esa renovación del Poder Judicial, que no tiene como base «un cambio de mayoría» en su composición sino que es «un mandato constitucional» que se debe acometer de «forma responsable pero urgente. No tenemos tiempo que perder».
El modelo aprobado en diciembre de 2018 recoge las peticiones de los jueces para esa renovación y prevé que el Congreso y el Senado elijan, cada uno, a seis de los miembros de los órganos del Poder Judicial, ha recordado el ministro.
Además, Campo ha destacado los «pasos de gigante» que ha dado la Justicia para su adaptación a las necesidades telemáticas a pesar de que no sea un sistema «referente de modernidad», y ha recordado que ya se han hecho juicios telemáticos completos y ha anunciado una inversión extraordinaria en su departamento porque ha defendido que «invirtiendo en justicia saldremos antes de la crisis».
Tras alabar el comportamiento de la sociedad durante la pandemia de coronavirus y la «corresponsabilidad» de las comunidades autónomas, el ministro ha avanzado que la próxima semana llevará al Consejo de Ministro un plan de choque «potente», con «enorme financiación» y «tremendamente consensuado» para agilizar toda la litigiosidad acumulada en juzgados de lo social con los ERTE y los despidos.
También prevé adoptar mecanismos para potenciar los juzgados contencioso administrativos y los mercantiles para acometer los concursos empresariales y crear una ley de «justicia sostenible» para que que la visión telemática no sea una cuestión puntual sino una forma de trabajo permanente.
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