El proyecto ha salido adelante con 164 votos a favor, 97 en contra y 2 abstenciones. El PP, que aprobó en 2015 con su mayoría absoluta los plazos máximos de instrucción ahora modificados, se ha opuesto a la iniciativa, pero la mayoría de los grupos ha defendido la necesidad del cambio para evitar que se archiven causas de corrupción por no contar con tiempo suficiente para investigarlas.
«Es un mensaje claro contra la corrupción y la impunidad», ha manifestado en un comunicado el portavoz de Justicia del PSOE en el Senado, Txema Oleaga, que ha lamentado que el PP se haya quedado fuera del consenso.
Jueces y fiscales abogaban por la derogación del artículo 324 de la Lecrim y ése era el objetivo inicial de la proposición de ley que presentó en el Congreso Podemos, pero finalmente se ha optado por ampliar los plazos.
El PP justificó su oposición al considerar que el proyecto era «un nuevo parche», dado que se ha anunciado una reforma íntegra de la ley antes de final de año, mientras que Vox defendió la derogación de los plazos.
Pero la mayoría de la Cámara avaló la reforma y varios portavoces recordaron, como ejemplo de los espacios de impunidad abiertos por el artículo 324, el cierre de diversas causas de corrupción hace un par de años, como la que permitió librarse de juicio al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por el caso Pasarelas.
«Votamos contra la corrupción y la impunidad y el PP, un partido condenado por corrupción, habla de oportunismo y vota en contra», ha criticado Oleaga, convencido de que las Cortes lanzan «un mensaje extraordinario para la ciudadanía».
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