El objetivo de este proyecto, que se desarrollará de forma telemática hasta el 31 de diciembre, será proporcionar a los magistrados formación especial con la intención de mejorar la eficiencia y la calidad de la respuesta judicial, así como ayudar a la unificación de criterios ante los nuevos procedimientos que puedan plantearse.
Este jueves, el CGPJ también ha acordado suspender todas las actividades de carácter presencial programadas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre dentro del Plan Estatal 2020 del Servicio de Formación Continua, sustituyéndolas por las previstas en el Plan extraordinario, sin perjuicio de que las primeras puedan ser recuperadas y realizadas más adelante.
La decisión se ha tomado después de valorar la evolución de la crisis sanitaria y la posibilidad de rebrotes en todo el territorio nacional.
Por su parte, la programación del plan extraordinario tratará, entre otras cuestiones, las novedades legislativas introducidas en materia de suspensión de los desahucios en trámite, la prórroga de los contratos y moratorias en el pago de la renta, así como los criterios para afrontar la previsible litigiosidad que generarán la gestión de la pandemia por parte de los servicios sanitarios.
Además se estudiarán asuntos como la violencia de género durante la vigencia de las medidas de confinamiento; la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas o la alteración de las condiciones de trabajo tras la pandemia.
La metodología de este plan será fundamentalmente práctica para facilitar interacción entre los participantes a través de foros de debate y del trabajo en grupo.
Asimismo, se ha priorizado la designación de magistrados del Tribunal Supremo como directores o coordinadores de las actividades, por su alta cualificación profesional.
En la elaboración del programa han participado el Servicio de Formación Continua del CGPJ, que realizó una detección previa de las nuevas necesidades formativas, el Grupo de expertos integrado por los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, así como la Comisión Pedagógica y las asociaciones judiciales que han remitido sus propuestas.
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