La jueza le ha citado para que declare por vía telemática desde la Embajada de Argentina o una representación consular de este país en España.
A través de un comunicado remitido este jueves, Martín Villa deja claro que responderá a las acusaciones por «diversas muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición, entre 1976 y 1978».
Según resalta el exministro, en más de seis ocasiones ha solicitado declarar ante la jueza desde que esta le imputara en octubre de 2014, pero no ha sido posible hasta ahora.
Incluso, añade la nota, en diciembre pasado llegó a sacar unos billetes de avión para viajar a Argentina y comparecer en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.
Añade que desde que fue imputado, el exministro «se ha negado a ampararse en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos, ocurridos hace más de 40 años», a la vez que «ha rechazado acogerse a las negativas de jueces españoles, la última la de la Audiencia en octubre de 2018, a las comisiones rogatorias de la juez argentina para interrogarle en España».
Antes y después de cada uno de esos rechazos solicitó al juzgado argentino que le tomase declaración, recalcan fuentes de su defensa.
La denominada «querella argentina» atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes en un desalojo policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976.
Pero en esa fecha, precisan las mismas fuentes, él era ministro de Relaciones Sindicales, «sin competencia sobre la Policía».
También le imputa seis muertes ocurridas en 1976 y 1977, durante su mandato como ministro del Interior, y de una ocurrida en Pamplona en las fiestas de San Fermín de 1978, cuando España llevaba un año de democracia, recuerda su defensa.
El exministro del Interior con los Gobiernos de Adolfo Suárez ha manifestado en diversos escritos al juzgado argentino que la Transición española fue «lo contrario a un genocidio, porque hubo un proceso de reconciliación entre los españoles, y España, por primera vez en muchas décadas, dejó de tener presos políticos en las cárceles y exiliados en el mundo».
«Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978», señala el exministro.
Si se aceptase «la lógica» de la querella, «los políticos de todo el mundo con competencias sobre cuerpos policiales serían, desde su nombramiento hasta su cese, responsables penales y, además por crímenes de genocidio, de cualquier muerte derivada de una intervención policial», concluye.
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