Esta comisión ha entregado este miércoles al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, la propuesta normativa que, según destaca el Ministerio en un comunicado, supone «un cambio radical de modelo a través de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías».
Tras recibir el documento, Campo, que ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de llevar la ley al Consejo de Ministros antes de fin de año, se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto en el menor tiempo posible, un mes aproximadamente.
La Comisión de expertos ha entregado hoy al ministro de Justicia, @Jccampm, el anteproyecto de la nueva LECrim. El texto se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la prueba científica, las búsquedas inteligentes y la denuncia telemática.
pic.twitter.com/jhsj8ZtrVZ— Ministerio Justicia (@justiciagob) September 9, 2020
Una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de Ministros, agrega Justicia, el Ministerio pretende abrir un amplio periodo de consultas a toda la comunidad jurídica en busca del mayor consenso para la nueva ley, que sustituya a la vigente, que data de 1882.
La intención del ministro, subraya Justicia, es que las propuestas de los diferentes colectivos «se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras».
Para el Ministerio, el texto «se sitúa a la vanguardia» en cuestiones como la creación de un régimen de protección especial para los menores durante el proceso penal, la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.
Responde así «a la demanda histórica de superación del modelo decimonónico», indica el comunicado, que subraya que la reforma parte del importante esfuerzo colectivo realizado por anteriores gobiernos.
Destaca Justicia el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales.
Se cierra así un círculo de reformas llevadas a cabo durante décadas por parte de Ejecutivos de distinto signo, explica el comunicado, que destaca la «claridad y sencillez» que se ha priorizado en la redacción del articulado en respuesta a las directrices marcadas por Campo.
El cambio de modelo responde a la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo, explica Justicia, que añade que la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.
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