En un comunicado emitido por su comisión permanente, la APM pide que se retire la iniciativa e insta a los grupos parlamentarios a anteponer «el interés general» y establecer las bases para renovar «a la mayor brevedad» el órgano de gobierno de los jueces, dejando en manos de estos la elección de la mayoría de los vocales (los doce de extracción judicial).
El actual CGPJ ha superado ya los dos años en funciones ante el imposible acuerdo del PSOE y del PP, pero la solución, para la APM, no es en ningún caso limitar sus competencias cuando tenga el mandato caducado, ya que es la propia Constitución la que marca los cometidos que debe realizar.
El CGPJ, recuerda, se crea para asegurar el principio de separación de poderes y salvaguardar la independencia judicial, por lo que la Constitución fija sus competencias y un mandato de cinco años, distinto del previsto para las Cortes Generales.
La carta magna, continúa la APM, no limita las competencias del CGPJ transcurrido el plazo del mandato, «precisamente porque esas competencias son ajenas al devenir político», e impedir que siga realizando nombramientos judiciales -como proponen el PSOE y Podemos– aviva «sospechas de politización» y puede perjudicar el funcionamiento del poder judicial, al no cubrirse plazas necesarias.
«En suma, la reforma pretendida se aparta del espíritu constitucional, evidencia una invasión de competencias reveladora del desprecio por el principio democrático de división de poderes y supone trasladar al CGPJ la disfunción provocada por la incapacidad de las propias formaciones políticas para renovar la institución», recalca.
El Gobierno confía en que la propuesta para limitar las competencias del CGPJ apremiará al PP a negociar su renovación, pero el principal partido de la oposición, al igual que Vox y Ciudadanos, tiene claro su voto en contra de la iniciativa y mantiene su negativa a que Podemos participe en las negociaciones para renovar el CGPJ, un veto que no comparte ni la formación morada ni los socialistas.
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