Se trata de la principal conclusión del informe del Gabinete Técnico sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados que deriva de la interinidad del CGPJ.
Hasta la fecha son 11 plazas sin cubrir, un 14 % de su plantilla de 79 magistrados, que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20,25 %.
«Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial», señala el documento.
Por ello, el informe advierte de que, de prolongarse esta situación, será «insostenible» y «va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año».
«Es imprescindible por ello la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país», subraya el texto.
Porque las consecuencias desfavorables en caso de seguir así repercutirán en todos los ámbitos, tanto en la admisión de los recursos como en la de enjuiciamiento y decisión, y «tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados».
Esto es así, continúa, «porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas jurisdicciones requiere un estudio y deliberación muy reflexivo y cuidado de los recursos».
Además, el documento alerta de que esta dilación repercutirá también sobre el conjunto de todos los escalones jurisdiccionales al retrasarse la solución para las cuestiones problemáticas que se suscitan ante los tribunales de instancia, «y que podrían solventarse con rapidez y seguridad jurídica si el Tribunal Supremo estuviera en condiciones de resolver con agilidad y detenimiento la correcta interpretación y aplicación de las normas en juego».
El informe aprobado destaca que «la imposibilidad legal del CGPJ en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes, unida a la incertidumbre sobre cuándo se constituirá el nuevo Consejo, hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado».
«Y todo ello -añade- en un contexto de crisis económica, social y sanitaria que es notorio está incrementando la litigiosidad».
Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional ha reiterado que la Justicia tardía no es verdadera Justicia pues puede suponer un menoscabo de la tutela judicial efectiva.
«Pues bien, esta situación no va a hacer otra cosa que demorar la resolución de multitud de recursos en las correspondientes salas, con el grave perjuicio que ello supone tanto para el justiciable como para la imagen de la Justicia en la conciencia ciudadana, cuyo fortalecimiento es clave para el mantenimiento de la paz social».
El documento hace un repaso en cada de una de las cinco salas del tribunal y salvo en la Sala de lo Penal, en el resto la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas, especialmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo con seis vacantes sin cubrir (casi un 20 % de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022. EFE
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