La fiscal también considera acreditado que la escudería de Sito Pons tenía su sede en Cataluña y ha planteado una condena alternativa de 9 años de cárcel y el pago de algo más de 2,5 millones de euros si se considerase que algunas pruebas no son válidas.
En la sección octava de la Audiencia de Barcelona, la fiscal y los abogados del Estado han presentado este jueves sus conclusiones finales, que el ministerio público ha elevado a definitivas, en el juicio que se sigue contra Sito Pons, y que mañana quedará visto para sentencia con los alegatos de las defensas del expiloto.
Pons se ha sentado en el banquillo de los acusados por haber defraudado presuntamente a la Agencia Tributaria 2,7 millones entre los años 2010 y 2014, simulando que residía en el extranjero y utilizando empresas con sede en paraísos fiscales.
Según el ministerio público, era el propio expiloto el que, desde la sede de su escudería en Castellbisbal (Barcelona), gestionaba un entramado de empresas que utilizaba como sociedades instrumentales para evadir impuestos, con sede en paraísos fiscales o países de baja tributación como la Isla de Man, las Islas Vírgenes, Jersey, Chipre, Holanda o Malta.
«Con el deseo de no tributar en España», apunta la fiscal, el excampeón de motociclismo declaró formalmente que residía en Mónaco entre los años 2010 y 2012, para lo que alquiló un apartamento en ese país y contrató un seguro de vivienda hasta lograr hacerse con un permiso de residencia.
A partir de diciembre de 2012, según el ministerio público, Pons simuló residir en Londres -para lo que también alquiló un apartamento en esa ciudad-, pero no consta que ni en esa vivienda ni en la de Mónaco se produjeran consumos de agua o gas que demostraran que estaban habitadas.
Para el ministerio público, ha quedado «suficientemente acreditado» en el juicio oral que Sito Pons residía en Barcelona cuando supuestamente defraudó a Hacienda, y no en Mónaco y posteriormente en Londres como sostienen el acusado y sus defensas.
La fiscal sostiene que «en ningún momento» se han aportado en el juicio documentos «fehacientes» que acrediten que «realmente» residiera en Mónaco y Londres durante esos años.
Según la fiscal, el acusado simuló que residía en esas ciudades «con el deseo de no tributar en España».
En cuanto a la escudería, el ministerio público sostiene que su «actividad real y efectiva» se hacía desde Castellbisbal y no desde Londres, como demuestra la documentación intervenida durante la entrada y registro policial de la sede, entre la que figuran numerosos correos que indican que su dirección empresarial estaba en esta localidad barcelonesa.
«Acreditadas» la residencia en Barcelona y la sede de la escudería en Castellbisbal durante los años por los que se le juzga, la fiscal ha señalado que Sito Pons «tenía la obligación» de pagar impuestos en España, cosa que no hizo.
Por ese motivo, le acusa de seis delitos contra la Hacienda pública -con la agravante de sociedades interpuestas, en alguno de ellos- por los que pide una pena de 24 años de prisión y el pago de una multa de 12.450.220 euros.
No obstante, la fiscal ha presentado una condena con carácter alternativo, en la que le imputa tres delitos de defraudación del IRPF correspondiente a los ejercicios de 2010, 2013 y 2014, por los que pide una pena de tres años de prisión por cada uno de ellos, es decir, un total de 9 años, así como el pago de una multa de más de 2,5 millones de euros: 789.669 euros por el año 2010, otros 739.161 euros por el 2013 y, finalmente, 1.189.038 euros por el 2014.
También con carácter alternativo, solicita en concepto de responsabilidad civil una indemnización a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria de algo más de 900.000 euros: por la defraudación del IRPF del ejercicio 2010, la cantidad de 263.222,44 euros, por la defraudación del IRPF del ejercicio 2013 la cantidad de 246.386,63 euros y por el de 2014 la suma de 396.345,95 euros.
De esta manera, y alternativamente, la fiscal elimina los tres delitos fiscales correspondientes al impuesto de patrimonio, lo que permitiría que se le condenase por defraudar el IRPF de los años 2010, 2013 y 2014, que suman en concreto 906.000 euros.
